La citada orden ministerial indica que "los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España".
Si bien España todavía no ha publicado su lista de proveedores de riesgo, la orden ministerial apostilla que, si una vez ejecutado el proyecto, "el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario (de las ayudas) es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación, realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado".
En este contexto, Huawei considera que la mencionada orden ministerial "contiene una provisión contraria a derecho y desproporcionada".
A juicio de Huawei, la redacción de la orden interfiere con la libertad de los operadores para elegir el "mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad" y, en su lugar, "busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios".
Para la compañía china, este planteamiento reducirá la competencia y provocará una "distorsión" del sector de las telecomunicaciones en España, además de obstaculizar la innovación y plantear "grandes riesgos económicos y sociales".
"Huawei España, como suministrador de equipos de telecomunicaciones legalmente establecido en el país, confía en que el Tribunal abordará las diversas infracciones de la ley y repondrá los derechos e intereses legítimos de la compañía en aras de mantener la competencia en beneficio de los consumidores y usuarios, así como de las empresas de las zonas rurales españolas", ha detallado la empresa.
VODAFONE TAMBIÉN PRESENTÓ UN RECURSO
Además de Huawei, Vodafone España también presentó un recurso administrativo contra la orden ministerial a finales del pasado septiembre, según han indicado fuentes de la compañía a Europa Press.
En ese sentido, desde la operadora consideran que las condiciones impuestas son "injustas" y su objetivo es que se modifiquen las mismas.
Fuentes del mercado consultadas por Europa Press han señalado que este posible veto a los equipos chinos en las ayudas para el despliegue del 5G rural penaliza a las operadoras que los utilizan y "favorecen a Telefónica", menos expuesta a esta circunstancia dado que sus proveedores son fundamentalmente Ericsson y Nokia.
Las mismas fuentes han indicado que, si bien no ha dado el paso de presentar un recurso administrativo, Orange tampoco está conforme con el posible veto a los equipamientos chinos en la concesión de estas ayudas. En ese sentido, Orange ha declinado realizar comentarios al respecto.
Por otro lado, se prevé que esta semana se publique la convocatoria de las ayudas para el despliegue del 5G rural en España.