El Ejecutivo ha explicado que a pesar de que en Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, Wanteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitariaW que le costó al país solo en 2023 unos 301.000 millones de pesos argentinos (271 millones de euros).
A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, va a ser el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar, entre otros, la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales que comprenden diferentes rutas nacionales conforme a lo establecido en cada uno de los contratos de concesión.
Además, se encargará de la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores y de la disolución y posterior liquidación de la compañía pública una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.
"Desde el 10 de diciembre del 2023, toda la Administración Pública Nacional se ha concentrado en impulsar un Estado más chico cuyo único rol sea el de facilitarle al sector privado la motorización de la infraestructura y la actividad económica del país", ha señalado el Gobierno.