La aerolínea Flybondi demandará a la provincia de Buenos Aires por la multa impuesta por vuelos cancelados

La aerolínea 'low cost' Flybondi ha solicitado que se declare la nulidad de la multa de 300 millones de pesos argentinos (270.000 euros) impuesta por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires por "reiteradas infracciones, como las suspensiones o reprogramaciones de sus vuelos".

Según ha justificado la compañía, la multa presenta "vicios" y resulta "incompatible" con el principio de inocencia, en tanto obliga al supuesto infractor a cumplir la sanción antes de que esta hubiera sido confirmada por sentencia firme.

Además, Flybondi ha asegurado que exigir el pago de una multa inusitada y desproporcionada afecta garantías constitucionales que aseguran la defensa en juicio.

"En la Demanda de Ilegitimidad quedará demostrado, no solo la incompetencia del órgano administrativo que intervino, sino también que concurren muchos vicios tanto en el procedimiento administrativo como en la sanción de multa, que demuestran la ilegitimidad de la sanción impuesta a la aerolínea", ha denunciado.

La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires fue la encargada de imponer esta multa el pasado enero por supuestos incumplimientos a la ley de defensa del consumidor.

Según el ministerio de Producción de Buenos Aires, la empresa incurrió en reiteradas infracciones, como las suspensiones o reprogramaciones de sus vuelos, la dificultad o imposibilidad de comunicarse con la aerolínea para obtener respuestas y la inviabilidad para optar por reprogramaciones o por los reintegros de los tickets o de los gastos generados debido a de las cancelaciones.

En su decisión, el ministerio tomó en cuenta los más de 2.400 reclamos y denuncias realizadas por usuarios de la provincia de Buenos Aires.

Sin Golden Visa, el precio de la vivienda no frena su subida en España

La derogación de la Golden Visa en España no ha logrado contener el encarecimiento de la vivienda ni ha corregido las distorsiones del mercado inmobiliario. Los precios han seguido subiendo tras su eliminación, confirmando que este instrumento tenía un impacto marginal en el mercado residencial. Sin embargo, la medida sí ha generado un nuevo problema: un vacío jurídico y administrativo que dificulta la llegada y regularización de inversores legítimos.

El Euríbor supera la barrera del 3% y encarece la financiación familiar

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