La Comunidad de Madrid ha supeditado la concesión de todas esas licencias a que la empresa acredite que cuenta con todos los vehículos necesarios para operar todas esas licencias de VTC, algo que Cabify cree que contraviene las resoluciones judiciales.
En concreto, la compañía asegura en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ordenó que se hiciesen concesiones directas de estas licencias a Cabify, sin condiciones ni trámites adicionales. En cualquier caso, ha confirmado que las pondrá en funcionamiento.
La compañía española de movilidad cree que esta obligación de la comunidad de poner en marcha toda esta cantidad de licencias lo ante posible constituye "una desviación de poder y carece de fundamento jurídico", según denuncia en un comunicado.
"Tanto el TSJM como el Tribunal Supremo (TS) ya han indicado con claridad a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid cuál debería ser la forma de proceder, y no hacerlo es actuar con arbitrariedad y desviación de poder, sobrecargando innecesariamente a la propia Administración, con una reclamación que el gobierno regional sabe que carece de fundamento", advierte.
Además, cree que este proceso supondrá un elevado coste económico para los ciudadanos madrileños, ya que la acreditación de los coches a cada licencia requerirá un análisis pormenorizado por parte de la administración, que según la empresa ya se hizo en su momento.
Por otra parte, Cabify teme que la puesta en marcha de golpe de todas estas licencias afecte negativamente al conjunto del sector, por la elevada cantidad de vehículos que se pondrán en servicio, frente a su propuesta de ir introduciéndolas de forma progresiva.
LARGO PROCESO JUDICIAL
Cabify pidió un paquete de autorizaciones el 20 de abril de 2018, justo un día antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy hiciera entrar en vigor un decreto que limitaba la ratio de VTC a solo una por cada 30 de taxi. No obstante, Madrid las denegó aplicando ese criterio, algo que la compañía recurrió y llegó al Supremo, donde se dio la razón a la empresa.
Sin embargo, el Gobierno central actual también aprobó una ley en junio de 2023 para otorgar a las comunidades autónomas y ayuntamientos una serie de herramientas para limitar las autorizaciones de licencias VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades, después de que la justicia europea tumbase la ratio 1/30 pero dejase la puerta abierta a restringir nuevas licencias por esos dos motivos.
En julio de 2024, la Comunidad de Madrid volvió a denegar todas las solicitudes y Cabify recurrió a la Justicia, teniendo como resultado nuevas resoluciones que le volvieron a dar la razón y le confirieron su derecho a recibir las autorizaciones.