"Esta operación, de enorme relevancia económica, debe someterse a condiciones estrictas por parte del Gobierno para garantizar el interés general y, de no cumplirse, impedir que se lleve a cabo", ha circunscrito el departamento dirigido por Díaz, toda vez que el Ministerio de Economía elevó ayer el asunto al Consejo de Ministros y los plazos pueden extenderse hasta finales de junio.
Además, la dirigente encuadrada en Sumar ha afirmado que esta operación ha generado una "profunda preocupación" social e institucional y que, particularmente, lo ha hecho en Cataluña.
"La sociedad catalana ha expresado un rechazo firme a una operación que considera perjudicial para el empleo, el tejido empresarial y el territorio", ha enlazado Díaz para seguidamente sostener que "este malestar debe ser escuchado y atendido".
De este modo, el departamento de Díaz han expuesto que las "condiciones imprescindibles" que deberían establecerse pasan por la garantía total del empleo, no cerrar oficinas y proteger el crédito a empresas y autónomos, así como las condiciones financieras junto al riesgo sistémico resultante de la concentración bancaria.
"CONDICIONES IMPRESCINDIBLES"
En concreto, el Ministerio de Trabajo ha pormenorizado que el proceso de fusión supondría, según estimaciones, la pérdida de hasta 4.000 empleos y una reducción del 9,4% en plantilla.
"Para salvaguardar el interés general, debe garantizarse el mantenimiento íntegro del empleo en ambas entidades", ha fijado Díaz como primera condición.
En esa línea, se ha afirmado que el cierre de sucursales perjudicaría especialmente a zonas rurales y regiones con fuerte presencia del Sabadell como en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias y Galicia: "Se debe mantener la totalidad de las oficinas para evitar exclusión financiera", ha subrayado el comunicado.
Asimismo, Trabajo ha indicado que toda vez que el Sabadell es una "entidad clave" para la financiación de pequeñas y medianas empresas, la operación no debe conllevar una merma ni en el acceso al crédito ni en el mantenimiento de las condiciones equivalentes a las actuales.
De su lado, ha argumentado que la fusión reduciría aún más la competencia en el sector bancario, con efectos "muy negativos" sobre clientes particulares y empresas: "No se puede permitir un empeoramiento de las condiciones del crédito y depósito, aumento de comisiones o peores servicios", ha sostenido el Ministerio encabezado por Díaz.
Por último, y al calor de que España ya presenta uno de los mayores niveles de concentración bancaria de Europa, Trabajo ha razonado que, para preservar la estabilidad del sistema financiero, la OPA no debe suponer un incremento de los índices de concentración bancaria.
"Las cinco principales entidades ya representan el 69,48%, con un aumento de 15 puntos los últimos 15 años, por lo que esta operación aumentaría aún más el riesgo del sistema bancario", han enmarcado sobre este último punto.
"En síntesis", ha resumido el departamento de Díaz, "esta operación solo puede autorizarse si cumple el mantenimiento íntegro del empleo, la conservación de todas las oficinas, la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria".
"De no cumplirse estos requisitos, no debería permitirse su ejecución", ha remachado el escrito.