La Comisión Europea ha propuesto que 81 millones se destinen a los agricultores y ganaderos de España después de la petición realizada por el ministro Planas al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, el pasado 24 de abril. La propuesta será sometida a votación previsiblemente el próximo 10 de julio.
Esa cifra es la de mayor cuantía para un país comunitario de la reserva agrícola, en este caso, para compensar parte de los efectos de la falta de precipitaciones y altas temperaturas en la ganadería y los cultivos españoles. En total, se movilizarán 330 millones de euros provenientes de la reserva agrícola de crisis en el marco de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y que beneficia a 22 países.
Además, los productores españoles también van a poder beneficiarse de una serie de flexibilizaciones de las condiciones recogidas en el Plan Estratégico español de la nueva Política Agraria Común (PAC), que entró en vigor el pasado 1 de enero.
En concreto, los sectores más afectados, además del ganadero, son el de frutas y hortalizas, el vitivinícola, el de los cereales y el de las oleaginosas, porque, en ellos, las pérdidas económicas pueden repercutir en la viabilidad de los productores y de las explotaciones.
Adelanto de las ayudas PAC
La Comisión también ha aceptado otra de las peticiones de España: el incremento, hasta el 70 % de total, del anticipo de los pagos directos de las ayudas de la PAC que se realiza a partir de octubre, y hasta el 85 % de los anticipos de las ayudas concedidas en el marco de desarrollo rural.
Para agilizar su desembolso, la CE también ha dado el visto bueno a que sea posible efectuar el pago de los anticipos, en el caso de las ayudas directas para la solicitud única de 2023, sin que se hayan finalizado los controles sobre el terreno.
El Ejecutivo comunitario ha elevado además dos propuestas de reglamento con medidas de emergencia temporales que establecen excepciones para las ayudas de la PAC en beneficio de las actividades hortofrutícola y vitivinícola.
Entre las flexibilidades propuestas en la ayuda comunitaria para los programas operativos (PO) de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) se incluyen la eliminación de las restricciones en el uso de los fondos para las medidas de prevención y gestión de crisis, el aumento hasta el 60 % en el nivel de financiación comunitario, la introducción de facilidades para la modificación de PO y la posibilidad de hacer el cálculo del valor de la producción comercializada sobre una media de tres años de cinco, para así poder eliminar aquellas temporadas de volúmenes inferiores.
Para el sector vitivinícola de las zonas afectadas por la sequía, Bruselas ha dado luz verde a la petición española, en el marco de reestructuración y reconversión de viñedo, para flexibilizar los requisitos exigidos para la transición entre el programa de apoyo y la intervención sectorial contenida en el Plan Estratégico español para la PAC 2023-2027. También ha autorizado el aplazamiento de la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y replantación de viñedo que caduquen este año, con el fin de que puedan ser utilizadas en la campaña siguiente.
Planas, en su intervención en el Consejo esta mañana, ha sumado el apoyo de España a la propuesta de Letonia para que Bruselas permita excepciones en la aplicación de la PAC cuando se produzcan episodios meteorológicos adversos extremos que incidan en la actividad agraria y ganadera. A su juicio, "los planes estratégicos deben contener la flexibilidad para que los Estados miembro podamos, dentro de nuestros objetivos, llevar a cabo estas flexibilidades, lógicamente, dentro de los reglamentos comunitarios".
Medidas nacionales complementarias
Los fondos de la reserva de crisis de la UE y las medidas que flexibilizan la implementación de la PAC permiten reforzar los apoyos que se pusieron en marcha por el Gobierno para ayudar a los productores tras la subida de los costes de producción por la sequía y los efectos de la guerra en Ucrania.
El contenido del Real Decreto-ley 4/2023 que aprobó el Consejo de Ministros en su reunión del 11 de mayo supone una aportación de 2.190 millones de euros en el sector primario a través de medidas urgentes en materia agraria y de aguas. De esa cantidad, 636 millones son ayudas directas para apoyar a los agricultores y ganaderos a hacer frente a la difícil situación generada por la falta de lluvias.
En concreto, los ganaderos que dependen para su actividad de la disponibilidad de pastos y cultivos forrajeros recibirán ayudas directas por un valor total de 355 millones de euros. Los agricultores cuyas producciones han sido las más perjudicadas por la sequía contarán con otros 276,7 millones de euros, y los apicultores, con una subvención directa total de cinco millones.
El Gobierno también procedió a incrementar al máximo permitido las subvenciones a los titulares del seguro agrario, al elevar con 40,5 millones su presupuesto. La ayuda, alcanza por tanto ahora el 70% del coste de las pólizas ya contratadas, incluida la ayuda autonómica, así como a mejorar las condiciones de la línea de financiación ICO-MAPA-SAECA y de los avales de SAECA para los créditos.