El documento alerta de que el sistema público de reparto fue diseñado para una realidad demográfica "muy distinta a la actual" y que en la actualidad existe una realidad diferente marcada por la baja natalidad, el envejecimiento acelerado, la mayor esperanza de vida, salarios que avanzan menos que las pensiones, escaso ahorro privado y una Seguridad Social con déficit estructural desde 2011.
Además, indica que la inmigración "tampoco garantiza la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo", mientras que el ahorro privado, aunque es "muy necesario y beneficioso aumentar su peso" en el sistema de previsión para la vejez en España, "no puede sustituir la necesidad de una base suficiente de trabajadores que produzcan, coticen y cuiden".
Por todo ello, según el informe, retrasar la edad de jubilación será necesario pero tendrá que ir acompañado de otras medidas, destacando que sería también necesario rejuvenecer la base demográfica a través de una mayor natalidad.
El responsable de Estudios y Análisis Social de CEU Cefas, Alejandro Macarrón, ha señalado que el problema de las pensiones "no es ideológico, sino aritmético", alegando que cada vez hay menos trabajadores por pensionista, por lo que "las medidas parciales solo compran tiempo si no se afronta el fondo demográfico del problema".
LAS PENSIONES SUBEN MÁS QUE LOS SALARIOS
Según apunta el informe, entre 2010 y 2025 el salario medio en España aumentó en torno a un 22%-25%, por debajo de la inflación acumulada, mientras que la pensión media creció entre un 65% y un 70%.
También recuerda que España cuenta con una de las tasas de sustitución más elevadas de Europa, es decir, una de las menores diferencias entre el último salario percibido y la primera pensión de jubilación.
Por otro lado, según el informe, el déficit de la Seguridad Social es "uno de los grandes factores del desequilibrio presupuestario español". El informe recuerda que, en 2023, España dedicó un 11,2% del PIB a jubilaciones (según Eurostat), lo que equivale a más de uno de cada diez euros generados por la economía española.
Así, el sistema presenta déficit estructural desde 2011 y, en 2024, el déficit operativo directo de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social ascendió a 33.868 millones de euros.
Asimismo, se plantea si la inmigración puede compensar por sí solo el envejecimiento de España y sostener las pensiones ya que "no resuelve el problema estructural del sistema", por factores como "su baja cualificación media, sus bajas bases de cotización, sus bajas tasas de ocupación, su alto desempleo y su impacto sobre servicios públicos, vivienda y mercado laboral".
Además, defiende reforzar el ahorro privado, los planes de empresa y los instrumentos de capitalización individual, por sus beneficios tanto para las personas como para la economía.
Pero advierte de que "ni siquiera un sistema basado en ahorro privado queda blindado frente al desplome de la natalidad", ya que el bienestar de los jubilados no depende solo del dinero acumulado, sino también de que exista "una base suficiente de trabajadores que produzcan bienes, presten servicios y atiendan las necesidades de cuidados de una población envejecida".
MÁS AHORRO, JUBILACIÓN MÁS FLEXIBLE Y APOYO A LA NATALIDAD
Con todo ello, entre sus propuestas, el informe plantea avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, en el que la pensión pública garantice mínimos, pero pierda peso relativo frente al ahorro individual y los planes de empleo promovidos por empresas y trabajadores.
El informe propone retrasar progresivamente la edad efectiva de jubilación en línea con la esperanza de vida, incentivar a quienes prolonguen su vida laboral y facilitar que los pensionistas puedan seguir trabajando.
REDUCIR PENSIONES DE VIUDEDAD Y SUPRIMIRLAS EN ALGUNOS CASOS
También plantea calcular la pensión sobre el conjunto de la vida laboral cotizada, revisar prestaciones como la viudedad para concentrarlas en los casos de mayor necesidad y recuperar los incentivos fiscales al ahorro privado para la jubilación.
Además, recomienda suprimir las pensiones de viudedad cuando el cónyuge superviviente tiene ingresos propios, y que sean crecientes con el número de hijos, puesto que su justificación histórica era cubrir la vejez de las viudas que no habían generado ingresos propios por dedicarse la crianza de hijos.
Como medida vinculada al reto demográfico, el informe propone que la pensión pueda aumentar en función del número de hijos, a igualdad de cotizaciones --para padres y para madres--, como "reconocimiento a la contribución de las familias al sostenimiento futuro del sistema y el coste de la crianza para ellas".