La concesionaria participada por la española ya ha emitido un comunicado en el que lamentan el "impacto negativo para la seguridad jurídica y los derechos de los inversores, al desconocerse compromisos oportunamente asumidos por la República a través de sus máximas autoridades".
El origen del problema se encuentra en los acuerdos pactados por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 con la empresa para alargar el contrato hasta 2030, a lo que el posterior Ejecutivo de Alberto Fernández se opuso, iniciándose así las disputas.
Con la llegada de Milei al poder, la concesionaria esperaba poder llegar a un acuerdo antes incluso de resolverse el arbitraje. Sin embargo, lejos de esta resolución, el organismo de infraestructuras de su Gobierno ha pedido cautelares contra ese arbitraje, algo que el juez ha otorgado.
No obstante, la concesionaria ha anunciado que interpondrá todos los recursos disponibles "a fin de preservar los legítimos derechos que le asisten", que considera que se ven "grave y arbitrariamente afectados".
La primera de las carreteras es Acceso Norte (Ausol), tiene una longitud total de 120 kilómetros y está controlada en un 31,59% por Abertis (participada, a su vez, por ACS y la italiana Mundys). Su concesión acabó el 31 de diciembre de 2020.
Por su parte, el Acceso Oeste (GCO) comprende una longitud total de alrededor de 55 kilómetros y su concesión finalizó el 31 de diciembre de 2018. La concesionaria está controlada en un 42,87% por Acesa, compañía del grupo Abertis.