Según el estudio, el 82 % de las empresas españolas con menos de 50 trabajadores aún no cumplía con todos los requisitos necesarios para adaptarse al nuevo sistema de facturación electrónica VeriFactu, pese a que su entrada en vigor estaba prevista para comienzos de 2026.
El nivel de facturación marca además diferencias significativas en el grado de preparación. El 37 % de las empresas con una facturación superior al millón de euros ya cumple con VeriFactu. Estos datos muestran que las pymes de entre 10 y 49 trabajadores tienden a dar mayor prioridad a VeriFactu y se encuentran más avanzadas en su implementación, mientras que las microempresas presentan un menor grado de preparación y valoran de forma positiva el aplazamiento de la obligatoriedad. En este contexto, los resultados del estudio permiten comprender la reciente decisión del Gobierno de prorrogar un año la entrada en vigor obligatoria de VeriFactu, hasta enero de 2027, y evidencian el nivel real de preparación del tejido empresarial español en el momento en que el cambio normativo debía aplicarse.
Una prórroga alineada con la realidad de las pymes
El estudio, realizado entre 304 gerentes, propietarios y directores financieros de empresas españolas, refleja que la adaptación a VeriFactu se abordaba de forma progresiva. Un 27% de las empresas se encontraba recabando información para entender la normativa, un 19% estaba evaluando proveedores y soluciones digitales, y solo un 15% había comenzado a implantar o adaptar sistemas cuando la entrada en vigor estaba prevista para 2026. Además, un 18% no había iniciado aún ningún proceso.
Los datos muestran que la percepción de la prórroga varía de forma significativa según el perfil profesional. El 60% de los autónomos considera este retraso como una buena noticia, al permitirles ganar tiempo y evitar inversiones inmediatas, frente a una valoración más crítica entre las empresas de mayor tamaño y facturación. De hecho, entre las compañías de 25 a 49 empleados, un 66% considera que la prórroga puede frenar la digitalización y desincentivar inversiones tecnológicas ya planificadas, lo que refleja una mayor preocupación por el impacto del retraso en procesos ya en marcha.
Marta Rifà, directora de marketing de Qonto para el sur de Europa asegura: “El estudio llevado a cabo el pasado mes de diciembre evidencia que muchas empresas aún no estaban listas para la entrada en vigor en 2026”. Y añade: “Sin embargo, también creemos firmemente en el impacto tangible que tiene la digitalización de la gestión financiera: las compañías que ya han dado el paso, implementando soluciones como Qonto para la gestión financiera, han mejorado un 60% la eficiencia de sus tareas administrativas, han ahorrado hasta 500 horas al año y han logrado cobrar sus facturas un 50 % más rápido, reforzando así su flujo de caja. Así, el reto es aprovechar este nuevo año extra para avanzar sin detenerse, puesto que supone un tiempo adicional para automatizar procesos, ganar visibilidad sobre la facturación y la tesorería y liberar recursos, que pueden destinarse al crecimiento del negocio”.
Desde el punto de vista económico, la mayoría de las empresas encuestadas anticipa un impacto moderado en su inversión, aunque significativo para su tamaño. El 52% estima que su adaptación tendrá un coste inferior a 5.000 euros, mientras que casi un 30% prevé una inversión superior. Además, el 18,4% aún no sabe cuánto le costará adaptarse, lo que refleja la necesidad de planificación y acompañamiento.
No es casual que el 74% de las empresas considere que deberían existir ayudas o incentivos fiscales para facilitar una adaptación anticipada, una demanda especialmente fuerte entre autónomos y microempresas.
Ritmos dispares: cuanto mayor el volumen de negocio, mayor grado de preparación
En cuanto al grado de adaptación, aunque el cumplimiento general sigue siendo bajo, destacan los perfiles financieros. Los directores financieros son los más disciplinados, con un 89% que ya cumple con la normativa o se encuentra en proceso de adaptación, frente al 82% de los gerentes y el 73% de los propietarios.
Por último, la preocupación por un posible freno a la digitalización es más acusada entre los perfiles financieros y las empresas de mayor tamaño. El 64% de los directores financieros considera que la prórroga puede desincentivar la digitalización, frente al 49% del resto de perfiles, una percepción que también es más frecuente entre las empresas con mayor tamaño y facturación.
Por otro lado, el volumen de ingresos anuales se desmarca como un factor también clave en el ritmo de adopción. Las empresas con una facturación anual superior a 500.000 euros muestran un mayor nivel de avance: un 31% ya cumplía con los requisitos de VeriFactu antes del anuncio de la prórroga, más del doble que aquellas con una facturación inferior a 100.000 euros (13%). Además, solo un 5% de las compañías con mayor volumen de ingresos no había iniciado ningún proceso de adaptación, frente a casi tres de cada diez (27%) entre las empresas de menor facturación.
En el tramo intermedio, las empresas con ingresos entre 100.001 y 500.000 euros presentan un perfil más equilibrado. Aunque un 17% ya cumplía con los requisitos, la mayoría (casi un 70%) se encontraba en alguna fase del proceso, recabando información, evaluando soluciones o iniciando la implantación, lo que refleja una adaptación progresiva, pero aún incompleta. Por el contrario, las microempresas con menor facturación anual concentran los mayores niveles de retraso relativo. Más de la mitad se encontraba en fases preliminares y una proporción relevante no había iniciado ningún proceso, lo que apunta a mayores dificultades financieras y operativas para abordar inversiones tecnológicas sin un retorno inmediato claro.
Convertir el retraso en una oportunidad real
Para Qonto, la prórroga hasta 2027 abre una ventana estratégica para que las pymes se preparen con antelación, sin la presión de plazos inminentes, y eviten así soluciones improvisadas de última hora. El estudio concluye que VeriFactu no es solo un cambio regulatorio, sino un catalizador para la modernización financiera de las pymes españolas.