La auditoría examina 243 leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos-ley y reales decretos legislativos aprobados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El resultado es contundente: 204 normas —el 84 % del total— serían susceptibles de derogación total o reforma profunda por su carácter innecesariamente intervencionista, deficiencias técnicas o débil justificación funcional.
Más de 30 normas al día
El informe sitúa esta revisión en un contexto de acumulación normativa sostenida. Entre 1978 y 2021 se aprobaron en España 411.804 normas, a las que se sumaron otras 11.775 en 2022, consolidando un ritmo superior a 30 disposiciones diarias, lo que equivale a una nueva regulación cada 45 minutos. Según el informe, esta acumulación ha incrementado la complejidad jurídica y ampliado la discrecionalidad administrativa.
Cinco bloques para ordenar la revisión normativa
El informe clasifica las 243 normas analizadas en cinco grandes bloques de intervención, con el objetivo de articular una estrategia jurídicamente segura y ordenada:
- Bloque 1 (23 %): leyes susceptibles de derogación íntegra al no estar vinculadas a mandatos europeos. Entre ellas se menciona la Ley de Memoria Democrática (2022), señalada por su extensión (más de 31.600 palabras), creación de nuevos órganos burocráticos y régimen sancionador que afecta al ámbito de la libertad de expresión, sin resolver problemas materiales de convivencia.
- Bloque 2 (16 %): normas cuya modificación requeriría negociación previa con Bruselas por estar asociadas a compromisos del Plan de Recuperación y fondos Next Generation EU. Destaca la reforma del sistema de cotización de autónomos por ingresos reales (RDL 13/2022), que habría incrementado la complejidad administrativa y la presión fiscal efectiva, en un contexto donde el déficit contributivo de la Seguridad Social supera los 55.000 millones de euros.
- Bloque 3 (13 %): regulaciones afectadas por problemas de “gold-plating”, es decir, transposiciones sobredimensionadas de directivas europeas por el legislador nacional. El informe compara el caso español con Estonia y cita la LOPD como ejemplo de transposición sobredimensionada que añade obligaciones adicionales sin beneficios proporcionales.
- Bloque 4 (48 %): leyes que requieren reformas profundas por su diseño excesivamente rígido o intervencionista. Se incluyen medidas como la eliminación del despido por absentismo (Ley 1/2020), asociada a un aumento del absentismo del 53 % y a un coste agregado estimado cercano a 130.000 millones. También se menciona la denominada Tasa Google (Ley 4/2020), cuya recaudación (375 millones) quedó muy por debajo de los 1.000 millones previstos.
- Bloque 5 (16 %): normas cuya revisión no se considera prioritaria a corto plazo.
Visualización del problema: cuatro torres de folios
Durante la presentación del informe, esta clasificación se tradujo en una visualización física del problema mediante cuatro torres de folios, que reflejan el tamaño real de la regulación acumulada y el tipo de intervención necesaria en cada caso:
- Una primera torre, de 1.038 folios, representa las leyes susceptibles de derogación íntegra.
- La segunda, con 1.398 folios, agrupa las normas cuya eliminación exige un canje de hitos con Bruselas.
- La tercera, de 1.995 folios, recoge las regulaciones afectadas por problemas de “gold-plating”.
- La cuarta y mayor torre, con 2.902 folios, simboliza las leyes que deben ser reformadas en profundidad.
Inteligencia artificial aplicada a la revisión legislativa
Para desarrollar esta auditoría, el informe incorpora la herramienta tecnológica SPAIN-DESREG, desarrollada por Foro Regulación Inteligente. Esta plataforma integra técnicas de big data e inteligencia artificial para analizar más de 649.000 desarrollos normativos.
Las simulaciones realizadas muestran que sería posible lograr reducciones del 90% al 95% en extensión normativa en determinados ámbitos y descensos superiores al 50% en carga regulatoria, manteniendo coherencia jurídica y evitando vacíos legales. El sistema genera además propuestas normativas alternativas listas para su tramitación.
Una hoja de ruta para la competitividad
‘Desenredar España’ concluye que la sobrerregulación constituye un problema económico y político de primer orden, con efectos directos sobre empleo, vivienda, inversión y competitividad. El estudio propone convertir la desregulación en una política pública estructural basada en inventario, metodología y evaluación tecnológica rigurosa.