Este incremento es resultado tanto del aumento de las facturas con retraso de pago como de la ampliación de los períodos de pago, según ha explicado Cepyme.
Así, la deuda comercial con retraso de pago alcanzó el 73,3% del total en el primer trimestre, 3,6 puntos más que en el trimestre anterior, hasta situarse en € 348.992 millones, un 42% más que en el mismo periodo del año anterior.
"La desaceleración de la recuperación de la economía española y el adverso impacto de la inflación sobre las cuentas empresariales siguen afectando negativamente a la evolución de la morosidad empresarial", señala Cepyme en su Observatorio de morosidad, elaborado en colaboración con Cesce e Informa.
Por su parte, el periodo medio de pago se elevó en el primer trimestre hasta una media de 83,9 días, frente a los 81,4 días del trimestre anterior y los 82,6 días del primer trimestre de 2021.
Cepyme subraya que este incremento se debe en buena medida a la desaceleración de la economía, afectada por la escalada de precios y las consecuencias del conflicto de Ucrania, lo que está teniendo "efectos negativos sobre la recuperación económica y reduciendo directamente la liquidez de las empresas".
"Las empresas no están transmitiendo la totalidad de las alzas de sus costes al cliente final y esto se traduce en una tesorería menguante, lo cual afecta a la capacidad de pago a los proveedores. De hecho, un número creciente de empresas reconoce este problema y está negociando con sus proveedores una ampliación de los plazos de pago", afirma la patronal de las pymes.
Las previsiones de la organización empresarial de cara a los próximos meses son negativas, pues estima que las tensiones en los precios energéticos se mantendrán al menos hasta la próxima primavera y las alzas generalizadas de costes implicarán una "presión adicional sobre los márgenes empresariales", que elevará el riesgo de impago o de retraso para hacer frente a las obligaciones.
Todo ello, recuerda, en un contexto de incertidumbre, en el que la decisión de los bancos centrales de frenar la inflación se traducirá en mayores costes de financiación y condiciones más duras, lo que complicará la posibilidad de acceder a financiación externa para hacer frente a desfases de tesorería.