Entre las obligaciones que se activan, Duque destaca el Plan de Igualdad, que "exige un diagnóstico previo, la negociación con la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, los sindicatos, y su registro en el REGCON". Además, incluye la auditoría retributiva para verificar que "el sistema salarial cumple efectivamente con el principio de igualdad entre mujeres y hombres".
A esto se suma la obligación de reservar al menos el 2% de los puestos para personas con discapacidad superior al 33%, y la implantación de un canal interno de denuncias. "Este canal implica políticas de cumplimiento, sistemas de recepción seguros y medidas de protección al informante", precisa. Por último, el protocolo LGTBI "obliga a disponer de medidas específicas frente al acoso y la violencia por razón de orientación sexual o identidad de género".
Los riesgos legales de no estar preparado
Según datos oficiales, las sanciones por incumplir estas obligaciones pueden alcanzar, en los casos más graves, los 225.000 euros, e incluso superar el millón de euros en caso de no implementarse el canal interno de denuncias. "El riesgo sancionador es el más evidente, pero no el único", advierte Duque. "Las empresas también se exponen a reclamaciones individuales y colectivas, recargos de prestaciones, indemnizaciones y daños reputacionales que pueden comprometer seriamente su viabilidad".
La propuesta del Partido Popular, recogida recientemente en la prensa económica, pretende elevar este umbral a 250 empleados. Duque apunta que "la reforma, de aprobarse, transformaría profundamente el panorama de las pymes, permitiéndoles crecer sin asumir elevados costes asociados al umbral de los 50 trabajadores". No obstante, matiza que "su aprobación e implantación inmediata se presenta improbable, pues exige reformas en normas de alto rango y dependerá del resultado político".
En cualquier caso, Duque recomienda no confiarse y planificar con antelación. "Una empresa que se acerque a los 50 empleados debería realizar una auditoría interna para identificar las obligaciones que se activarían, y valorar si está preparada para afrontarlas tanto a nivel jurídico como organizativo", señala. "Contar con asesoramiento especializado es clave para evitar sanciones y proteger la reputación".
En el punto de mira de Inspección de Trabajo
Más allá de las sanciones, el abogado recuerda que la Inspección de Trabajo intensifica su control a partir de este umbral y que muchos convenios colectivos agravan las obligaciones a partir de 50 empleados. "Esta situación lleva a muchas empresas a frenar nuevas contrataciones para no superar el umbral, contribuyendo al reducido tamaño medio de las compañías en España, estancando su crecimiento", subraya.
Mientras la propuesta política sigue su curso, Duque insiste en la importancia de una estrategia preventiva. "El crecimiento debe planificarse de forma realista y con una hoja de ruta clara; evitar los riesgos hoy es la clave para crecer con seguridad mañana", concluye.