Los empresarios de Madrid destacan que no se ha buscado el consenso real y califican de muy precipitado el exiguo plazo de diálogo social que, además, impide una participación real y efectiva en el debate sobre la Seguridad Social, elemento también garantizado en la Constitución para las organizaciones empresariales.
En cuanto al contenido, CEIM señala que es muy relevante la ruptura del principio de contributividad, al elevar las bases máximas de cotización muy por encima de la pensión máxima, lo que conducirá a que las empresas se vean penalizadas por tener en plantilla a los trabajadores con más cualificación y rendimientos. Es decir, España está lanzando el mensaje de que aquí se castiga el talento y la actividad empresarial de valor añadido.
Asimismo, los empresarios de Madrid insisten en subrayar que los rendimientos del trabajo ya tributan de forma progresiva en el IRPF, de donde salen los impuestos que actualmente permiten la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social.
Por otro lado, continúa sin abordarse el capítulo de gasto público. La pensión vitalicia de viudedad ya no tiene sentido que se financie por la Seguridad Social, sino que debe ser una política asistencial no contributiva (sufragada con impuestos) para personas en situación vulnerable. Además, el gasto por Incapacidad Temporal (IT) derivado de contingencias comunes (absentismo), podría atajarse con más controles y dando un papel más relevante a las Mutuas, al menos en las patologías traumáticas más frecuentes.
Se trata, por tanto, de una reforma de carácter electoral, puesto que viene a dar un paso más en la mejora de rentas de los jubilados, a costa de endurecer constantemente la barrera para entrar en el empleo de los más jóvenes. El coste empresa para contratar a tiempo completo a un joven se va acercando a 1.750 euros (12 pagas). En el país europeo donde el paro juvenil es más elevado, resulta contraproducente seguir apostando por encarecer la entrada en el mercado laboral. Además, es obvio que cuantos más trabajadores hubiera, menos necesidad de incrementar las cotizaciones habría para mantener el Sistema.
Además, los autónomos, que ya han visto incrementar sus cuotas este año con el sistema nuevo de cotización por ingresos reales, serán también sometidos a esta nueva cotización si tienen empleados. Queda así eliminado el reciente acuerdo de diálogo social sobre cotización de autónomos, que no contemplaba una subida adicional, como la que se plantea.
Esta reforma contribuye, aún más, a generar un clima de negocios adverso a la actividad empresarial, propiciado por un Gobierno irresponsable que no solo criminaliza a las empresas, sino que las ataca y menosprecia con discursos de mal gusto.
Las empresas no podemos tirar de déficit como la administración pública, los beneficios son necesarios para ser viables, generar empleo y sostener el estado del bienestar, pero se nos descalifica por ello. Las empresas tenemos libertad de decisión, pero se nos ataca si decidimos, para defender los intereses de nuestro negocio, irnos de España. La continua política intervencionista de este Gobierno, incluso en materia de salarios, ataca la viabilidad de los negocios.
En definitiva, el Gobierno pone un obstáculo tras otro a la fundamental actividad empresarial e impone políticas insolventes que atentan directamente contra la productividad y la competitividad de un tejido productivo que intenta sobrevivir generando riqueza y empleo para favorecer el progreso de España. A juicio de los empresarios, lo único que puede ayudar a hacer el sistema sostenible de verdad es que las empresas aumenten su dimensión, se amplíe el tejido productivo y crezcan las contrataciones. Es decir, somos parte de la solución pero necesitamos que no nos coloquen más obstáculos.