En concreto, el sector constructor se está reuniendo esta semana con el Ministerio de Seguridad Social para tratar este asunto, que se enmarca en un plan de choque para dar respuesta a las necesidades de plantilla que tienen las empresas de construcción, sobre todo ante el reto de ejecutar los fondos europeos destinados a nuevas infraestructuras.
En este sentido, se da al menos uno de los dos requisitos para que el empleo de albañil, así como cualquier trabajo asociado a la construcción, sea incluido en esa lista: que haya una gran demanda de un perfil profesional concreto.
En cuanto al segundo requisito, que la demanda no pueda ser cubierta en un plazo razonable por la oferta local, se plantea más difícil, con un paro en España cercano a los 3 millones de personas, por lo que los planes también están orientados a incrementar la formación y, sobre todo, la atracción de personas a esta profesión.
Por su parte, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha trasladado al Gobierno que en el sector tienen un "problema muy importante" con la falta de camioneros para transportar los vehículos, según han señalado fuentes de la organización a Europa Press.
Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha trasladado a Anfac que elevarían a la mesa de negociación el planteamiento de facilitar la tramitación de visados de trabajo a conductores extranjeros para suplir esta carencia.
Las cifras que manejan desde el sector indican que se han perdido en torno a 800 chóferes 'portavehículos', lo cual afecta negativamente a las capacidades logísticas y de entrega de unidades a los fabricantes automovilísticos.
Otra solución: mayores retribuciones
Fuentes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la principal patronal del sector, han defendido que llevan más de dos años avisando de este problema derivado inicialmente de la crisis de Covid-19.
Las continuos paradas en la producción, la falta de materiales para la fabricación de coches o la implementación de los ERTE desestabilizó al sector del portavehículos, cuyas empresas se vieron abocadas a vender parte de su flota. Por eso, pese a la entrada de extranjeros dedicados exclusivamente a esta actividad, la reactivación plena del sector se demoraría un mínimo de 18 meses, con un precio medio de más de 200.000 euros por cada camión nuevo.
Además, el otro principal problema detectado por los transportistas es el precio que pagan los fabricantes de vehículos por este servicio, lo que no permite retribuir a los conductores lo suficiente como para atraerles o evitar que se vayan a otro subsector.
Esta actividad se incluyó en las excepciones previstas por la ley para que los conductores puedan también hacer la carga y descarga, debido a la formación necesaria para hacerlo, en el acuerdo de diciembre de 2021 entre patronal y Gobierno.