Esta nueva normativa es una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, que quedaron fuera de la Ley Vivienda, y una batería de medidas que protege a los inquilinos frente a subidas de alquiler y otras estafas.
Además, desde el sindicato de inquilinos de Madrid han asegurado que se incorpora una prórroga de tres años a los contratos ubicados en zonas tensionadas, una medida imprescindible para protegerlos frente a las expulsiones provocadas por el aumento de los 'colivings' y los alquileres de temporada, pero que solo afectaría a Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias y que dejaría fuera "a muchos hogares".
La ley, registrada por los sindicatos de inquilinos, cuenta con el compromiso del PSOE y el PNV, que se sumaron el pasado noviembre, y de los partidos que ya se habían posicionado a favor -ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG-. Por tanto, han apuntado desde el sindicato, solo harían falta los votos de Junts para que sea aprobada.
Desde el sindicato de inquilinos han exigido alejar esta ley de la "batalla" partidista y de los "giros" de guión efectistas. "Instamos a todos los partidos y entidades a hacer todo lo posible para que así sea", ha expuesto.
Así lo han indicado este lunes después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado un real decreto ley con medidas que incluirán incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y una limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones.
Sobre las ayudas fiscales a propietarios, el sindicato ha aseverado que las bonificaciones "son un regalo para los caseros que no protegerá a los inquilinos" y que no frenarán la dinámica del "negocio del rentismo", que consiste en expulsar a un inquilino para alquilar de nuevo un 30% o un 50% más caro.
"Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hace falta bajarlos, no recompensar a quienes los mantienen. Además, la medida no es obligatoria y permite al casero elegir entre la bonificación o subir la renta o expulsar al inquilino", han expuesto.
Desde el sindicato de inquilinos han denunciado que, mientras quienes trabajan pagan impuestos, los caseros reciben bonificaciones por cobrar alquileres, haciendo que los inquilinos paguen no solo el 60 o 70% del sueldo, sino también una parte vía impuestos.
"Esto convierte el mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rentismo, mientras millones viven con miedo a perder su casa. Hace un año, Sánchez anunció una medida similar que sí incluía bajadas según el índice oficial; los rentistas no pueden seguir siendo un sector privilegiado al margen de las normas comunes", ha añadido.
Para proteger a los inquilinos y garantizar la estabilidad de sus contratos, el sindicato de inquilinos ha urgido medidas encaminadas a que los contratos de alquiler sean indefinidos tal como sucede en países como Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega o Austria.