Se estima que en 2050 más del 50 % de la población española será mayor de 50 años. Esta evolución demográfica debería dar más protagonismo a las personas mayores en el diseño y aplicación de políticas públicas.
En 2023, los mayores de 50 años son ya más del 40 % de la población. En términos económicos suponen, por lo menos, uno de cada cuatro euros del PIB y son el grupo con mayor renta per cápita.
Además, son una fuente de conocimiento y experiencia y están en capacidad de seguir realizando actividades productivas. En su mayoría, son un grupo de población con rentas estables y menores cargas económicas, con tiempo para el ocio y con vivienda en propiedad. Todo ello los convierte en piezas clave para la economía.
Retos de futuro
Con una alta esperanza de vida –entre las cinco mayores del planeta–, una elevada calidad de vida, buenas infraestructuras y un sistema sociosanitario de alto nivel, España puede aspirar a convertirse en referencia mundial en la economía sénior.
No obstante, el cambio demográfico hacia una población envejecida presenta una serie de retos:
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Garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones.
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Mantener la calidad del cuidado de la salud y la atención a largo plazo.
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La participación de los sénior en la actividad económica y el empleo.
A estos desafíos se suma el combate contra el edadismo. Es decir, contra la discriminación hacia las personas mayores basada en estereotipos negativos. Por ello, es prioritario eliminar los prejuicios relacionados con la edad con acciones que promuevan la participación activa de la población sénior.
Para contribuir a ello, pero también para promover una sana competencia entre comunidades autónomas, el Centro de Investigación Ageingnomics publica, desde 2021, el informe Ranking de territorios por la economía sénior, una herramienta que permite que las autonomías, gestoras de gran parte de las políticas públicas que se aplican en España, puedan medirse y comparar sus actuaciones en torno a la población sénior.
Las regiones españolas y sus séniores
El informe 2022 pone de manifiesto que las comunidades autónomas españolas no ofrecen las mismas condiciones y oportunidades a las personas mayores de 55 años en términos de empleo, acceso a servicios sociales y sanitarios y número de residencias y centros de día, entre otros.
Revela, además, que también existen diferencias con respecto a otros indicadores, como la esperanza de vida, la edad media de jubilación, el importe medio de la pensión o el número de diputados autonómicos mayores de 55 años.
A través de 24 indicadores, este documento permite conocer la realidad de la economía sénior y ver su evolución en las 17 comunidades autónomas españolas. Para ello se comparan más de 530 datos de diferentes fuentes.
En las conclusiones del estudio destacan País Vasco, Castilla y León y Navarra como las comunidades autónomas más preparadas y con más oportunidades para los mayores de 55 años. El indicador sintético del ranking les otorga las primeras posiciones porque son los territorios con más recursos, servicios y nivel de participación de los mayores de 55 años.
No obstante, al profundizar en algunos indicadores también se puede ver que:
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Asturias es el territorio con más población sénior.
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Baleares encabeza el ranking de tasa de actividad.
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La Comunidad Valenciana es la región con mayor porcentaje de alcaldes mayores de 55 años.
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Andalucía es la comunidad con más votantes séniores.
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Extremadura dispone de más centros de día para la población sénior.
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Castilla-La Mancha, ha atendido a un mayor número de séniores por teleasistencia.
Transformar modelos
El envejecimiento poblacional está transformando los modelos económicos y sociales, pero esta es una realidad que no está recibiendo toda la atención que merece.
Los poderes públicos deben ser los entes encargados de configurar el marco de actuación para aprovechar la capacidad y potencial de los mayores de 55 años. Y aquellos territorios que antes asimilen esa realidad recogerán los dividendos de este nuevo bono demográfico.
Iñaki Ortega Cachón, Profesor de Dirección de Empresas, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
