Algunas de las áreas más notorias de esta ley son, por ejemplo, el establecer personas jurídicas con más de cinco viviendas en propiedad como grandes propietarios, medias de protección en los procedimientos por desahucio, ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler o el recargo del IBI de un ciento cincuenta por ciento a las viviendas vacías.
Analizando los posibles efectos que pueden tener estas ordenanzas para el mercado inmobiliario español, se pueden entender como unas medidas que causarían la falta de incentivos y el aumento de dificultades para inversores y propietarios dentro del sector inmobiliario. Dichas regulaciones amenazan, según los expertos, la libertad de empresa dentro del mercado, además de ser perjudiciales para la inversión tanto particular como profesional por aminorar la seguridad jurídica. En definitiva, se puede decir con relativa seguridad, que esta situación podría ahuyentar a posibles inversores, además de hacer peligrar la permanencia de los ya existentes.
En esta línea, Carlos Grande, socio de Abencys, apunta que, “si el inversor no tiene incentivo, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay vivienda nueva y tampoco hay gasto en las existentes, con el consiguiente perjuicio para el arrendatario, que ve limitada su elección. Y si no hay inversión, no hay actividad económica y se incentiva el desempleo”. En definitiva, a pesar de la aprobación de la ley, algo que los expertos tienen claro es la posibilidad de que los inversores se vean negativamente afectados ante estas regulaciones.