El 47% de los propietarios con viviendas en alquiler que tienen conocimiento de la ley de vivienda ve probable invertir menos en las mejoras de la vivienda. Además, también hay un 40% que se plantea alquilar la vivienda para estancias de corta duración, un porcentaje que se ha incrementado mucho respecto a principios de 2024 cuando era el 31% los propietarios que se planteaban esta opción.
Además, aumentan en 10 puntos porcentuales los propietarios que se plantean sacar la vivienda del mercado del alquiler al pasar del 26% a principios de febrero al 36% actual.
“Un año y medio después de la entrada en vigor de la ley, el balance es negativo. La falta de un diagnóstico acertado y de consenso con los propietarios, una de las piezas clave del mercado de la oferta, ha generado inquietud y descontento. Las medidas implementadas en la ley han aumentado la inseguridad jurídica, desmotivando a muchos propietarios a mantener sus viviendas en el mercado de alquiler residencial tradicional. Como resultado, ha habido un evidente desplazamiento hacia otras modalidades de arrendamiento, como el alquiler temporal, que ha crecido un 55%, y el turístico, que ha aumentado un 40%. Lo que ha ocasionado la peor crisis de oferta en alquiler del siglo XXI”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
Los inquilinos, mucho más pesimistas que en 2024
Aunque en general la valoración de la ley de vivienda sigue una línea pesimista entre la población activa en el mercado de la vivienda, se aprecian variaciones cuando se agrupan estas personas en función de las acciones que está realizando.
Por ejemplo, los compradores que creen que la ley complica sus propósitos suben desde el 33% en 2024 hasta el 46% actual, un incremento de trece puntos porcentuales. Consecuentemente, de este grupo los que creen que la compra es ahora más sencilla caen desde el 15% hasta el 12%.
También los vendedores perciben que la regulación obstaculiza sus planes. Un sentimiento, además, que se ha agudizado en los últimos meses, experimentando una subida de diez puntos porcentuales, ya que pasa del 32% de 2024 al 42%. El efecto inverso se observa entre los que creen que la ley favorece la venta, en mayor o menor grado, ya que también bajan del 15% al 12%.
Cuando se pone el foco en el sector del alquiler también se observa que los demandantes de arrendamiento se muestran significativamente más pesimistas que a principios de 2024, ya que los que opinan que la regulación dificulta sus planes suben del 36% al 42%. Por su parte, los que creen que esta iniciativa mejora sus expectativas se desploman desde el 24% al 19% actual.
Desde el punto de vista de los arrendadores también se coincide en el diagnóstico pesimista, ya que si a principios de 2024 eran el 52% los que creían que la ley les ponía su objetivo más difícil, ahora este porcentaje se amplía al 60%. Por el contrario, los que piensan que el nuevo escenario les ayuda se contraen del 16% al 14%.
Los arrendadores son los que tienen más conocimiento de la ley
Si se le pregunta a la población activa en el mercado inmobiliario su conocimiento sobre la ley, los resultados son, lógicamente, muy superiores a los de la población general. Por ejemplo, en el colectivo de los compradores hay un 64% que asegura conocer la ley, cuatro puntos porcentuales más que a principios de 2024, y cinco más que el 59% de 2023. Ese 64% constituye la suma de los compradores que afirman conocer la ley (14%) y de los que expresan una noción vaga de la misma (49%).
También entre los vendedores el conocimiento está por encima de la media general, aunque de forma más moderada (59%). Sin embargo, resulta significativo el incremento que se registra con respecto a las cifras de 2024, cuando el porcentaje era solo del 50%.
Es al analizar el mercado del alquiler cuando nos topamos con las cifras más elevadas, sobre todo en el caso de los arrendadores, donde se alcanza un 70% de conocimiento, siete puntos porcentuales más que en 2023 y ocho más que en 2023. Por su parte, el 58 % de los demandantes de vivienda de alquiler dice saber acerca de la ley, solo un punto porcentual más que en 2024.