Sin embargo, no es fácil llegar a conclusiones plenamente certeras en dicha controversia pues los juicios de valor, las predisposiciones ideológicas e incluso los diferentes niveles de discusión y de análisis son factores que influyen al afrontar este tipo de cuestiones. Dos de las cuestiones que se discuten son:
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Qué tipo de bienes y servicios deberían ser ofertados de manera pública.
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La idoneidad de sus diferentes modalidades de gestión (pública, semipública o privada).
En el primer punto, la distinta naturaleza de los bienes y servicios ofertados, así como la importancia relativa de cada uno de ellos, influirán en las opiniones individuales. El segundo punto, en cambio, debe abordarse desde un punto de vista más objetivo, analizando el coste de oportunidad (no solo monetario) de los modelos mencionados.
La pirámide de las necesidades
Cuando hacemos referencia a bienes y servicios esenciales la dificultad sobre lo que debe considerarse esencial radica en el término mismo. Atendiendo a la pirámide de Maslow, las necesidades humanas de carácter fisiológico (alimentación, descanso, etc.) son las más básicas, las esenciales, seguidas de aquellas relacionadas con la seguridad (seguridad física, de recursos, salud, propiedad privada, empleo, etc.).
Por este motivo resulta fácil acordar que deben ser de acceso y titularidad públicos servicios como la defensa, la sanidad o la provisión de agua (a pesar de que, según Naciones Unidas, más de dos mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable).
Aun así, las necesidades básicas del ser humano han ido variando y ampliándose según han ido cambiando el momento histórico y el contexto social. ¿Es el acceso a internet un bien esencial? Obviamente, no lo era hace apenas unos años pero ahora, cuando el teletrabajo y la comunicación a distancia forman parte del día a día, sí lo es. Entonces, ¿quizás deberían ser públicos los servicios digitales?
Por otro lado, pocos servicios son tan básicos como los que nos proporcionan una buena salud y una buena forma física. Pero ¿eso quiere decir que los gimnasios deben ser administrados con dinero público? Generalmente, la ciencia económica resuelve esta cuestión apelando a las externalidades.
Lo que se considera es que, en aquellos mercados en los que el coste individual de un bien (educación, sanidad, medio ambiente, etc.) es demasiado elevado, el oferente debe ser público si el beneficio social supera el coste de provisión.
Gestión pública para lo urgente
Existen evidencias de que aquellos países que respondieron mejor frente a la pandemia fueron aquellos que previamente gozaban de un servicio de salud pública consolidado y desarrollado.
Por otra parte, durante el confinamiento los ciudadanos se vieron obligados a quedarse en sus casas, cuando buena parte de ellos carecían de viviendas adecuadas para ello. Otros sufren cotidianamente dificultades en el suministro de agua o en el saneamiento.
En España, más de once millones de personas, prácticamente el 25 % de su población, sufre riesgo de exclusión residencial y, aunque porcentualmente la cifra no sea muy elevada, alrededor de un millón de personas no dispone de un sistema de saneamiento adecuado.
Estos casos elevan el debate a un nivel superior y llevan a cuestionar, incluso, hasta qué punto se están vulnerando los derechos humanos en circunstancias como las descritas. Resulta evidente que los más desfavorecidos son los que más sufren cuando, en coyunturas extraordinarias, los bienes y servicios públicos se hacen más esenciales que nunca.
De ahí que la controversia acerca de la gestión de los servicios esenciales no pueda zanjarse de manera dogmática.
La gestión privada de lo público
El sector privado gestiona los recursos mediante:
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Una administración basada en la reducción de costes.
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Economías de escala que redundan en costes de provisión menores.
En determinados casos, estos ahorros son superiores a las ventajas derivadas de la prestación directa del servicio por parte de la Administración pública.
Sin embargo, otras veces, tratar de aumentar los márgenes de beneficio a costa de una disminución en la calidad del servicio puede ser un motivo más que suficiente para descartar la gestión privada del bien público cuando este es especialmente importante, como es el caso de la sanidad.
Todavía no existe consenso en esta materia, más allá de considerar que determinados servicios, por su propia naturaleza y condiciones de uso, no deberían ser analizados desde un punto de vista meramente mercantilista.
Para concluir
Sin duda, el debate será mucho más enriquecedor si se centra en discernir cuáles tipologías de servicios pueden ser provistas de manera más eficiente por la iniciativa privada y cuáles por la Administración pública, basándonos en el análisis coste-beneficio.
En marzo de 2020, en pleno estallido de la crisis de la covid-19, ya el presidente francés Emmanuel Macron hizo unas declaraciones en defensa de lo público en las que señalaba: “Hay bienes y servicios que deben ser colocados fuera de las leyes del mercado”.
José Manuel Muñoz Puigcerver, Profesor de Economía Internacional, Universidad Nebrija
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
