Como es sabido, en los años precedentes hemos asistido a diferentes reformas del sistema de pensiones públicas que, de un modo u otro, de formas más o menos gravosas para los pensionistas, han ido buscando su equilibrio financiero atendiendo solo a la vertiente del gasto.
Bien es cierto que no todas han caminado en la misma dirección pero, en su mayor parte, han pivotado sobre la vertiente del gasto, con el fin de reducirlo. Pero también, y por el contrario, han establecido incrementos significativos tratando de favorecer a algunos colectivos discriminados: viudas, mujeres en general, pensiones más bajas, etc..
Reformas: año 2011, año 2013
En los últimos años hemos asistido a dos grandes reformas en el sistema público de pensiones que han tratado de atender a su incierto futuro financiero, provocado, fundamentalmente, por la evolución de la demografía y sus expectativas de futuro.
El incremento acelerado en el número de pensionistas –envejecimiento de la población– y de su esperanza de vida engrosan el pasivo del sistema, a la par que la continua caída en las tasas de natalidad ralentiza la evolución de los activos (cotizantes) para el sistema.
No son los únicos factores en juego para el futuro de la financiación de las pensiones públicas, pero sí cuentan con una relevancia cierta y significativa. La evolución de la productividad del trabajo y la distribución funcional de la renta, entre salarios y beneficios, son también determinantes para ese futuro.
Las reformas llevadas a cabo en 2011 y en 2013 buscaban ese objetivo de sostenibilidad financiera por caminos diferentes, aunque apoyándose en medidas que trataban de reducir la dinámica del gasto global.
En 2011, modificando algunos de los parámetros básicos del sistema –alargar la edad ordinaria de jubilación, el periodo de cálculo de la base reguladora, etc.– se afectaba al gasto global, pero con reducida incidencia sobre el valor de la pensión individual. Curiosamente, esta reforma, con ciertas similitudes a la que está promulgando ahora el Gobierno de Macron, se materializó, a diferencia de la francesa, con un elevado grado de consenso social.
En la de 2013, el objetivo del equilibrio financiero se atribuía en exclusiva a la reducción paulatina del valor real de la pensión individual a través de dos mecanismos habilitados al efecto:
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Un índice de revalorización anual de las pensiones –que podría llegar a reducir la capacidad de compra de las mismas en más de un 30 por ciento hacia el año 2045–.
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Un factor de sostenibilidad que vinculaba de forma inversa el valor inicial de la pensión a la evolución, en ascenso, de la esperanza de vida de las personas jubilables –que se estima reduciría la pensión media en torno a otro 10 por ciento–.
En suma, la carga del equilibrio financiero, en este caso, recaía sobre la suficiencia de las pensiones.
Los cambios de ahora
Las reformas desarrolladas en estos tres últimos años, en dos fases sucesivas, cambian el paso respecto a lo realizado en 2013 y profundizan en algunas de las líneas adoptadas en 2011, pero enfatizando el protagonismo de la reforma en el incremento de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.
De este modo, se pretende alcanzar, en el horizonte del año 2050 –cuando se espera que haya concluido la entrada en el sistema público de pensiones de la generación de los baby boomers–, una situación de equilibrio financiero, sin que el gasto total sobrepase el 15 por ciento del PIB y se mantenga estable el nivel de suficiencia de las pensiones en su conjunto, el poder adquisitivo de las mismas, con respecto al nivel actual.
Este objetivo se trata de alcanzar con diferentes medidas que reúnen una condición básica, su implementación gradual, para minimizar el impacto sobre los beneficiarios del sistema y, destacadamente, sobre la competitividad del tejido productivo español.
El desconsenso
Esta segunda tanda (2023) de la reciente reforma de las pensiones públicas no se ha implementado al amparo de un consenso social, algo que sí ocurrió en 2011 o en la primera tanda de estas reformas, realizada a finales de 2021.
Ahora se marcan profundos desacuerdos sobre una parte de las medidas –particularmente las que significan aumentos en la cotización– en el plano político y en el de los interlocutores sociales. Así, las patronales se vinculan con el discurso de la oposición, entendiendo que tal medida incrementará los costes laborales, afectando al nivel salarial, a la competitividad internacional de las empresas españolas y, por extensión, a la dinámica del empleo.
En el plano del análisis económico, se pontifica sobre el impacto negativo en el aparato productivo de la subida en las cotizaciones sociales (impuesto sobre el trabajo), que reduciría la competitividad de las empresas y, por tanto, los niveles de empleo. No obstante, la contrastación empírica de tal impacto no es unánime ni en cuantía ni en dirección.
¿Punto y final?
A mi modo de ver, sí podía haber habido margen –si no se hubieran cruzado las prisas por obtener el plácet de la UE para un nuevo desembolso de la financiación por el Plan Next Generation– para buscar otras opciones de incrementar ingresos a través de otras figuras impositivas, de afectación más general a rentas o a patrimonios, que no cargar exclusivamente sobre el uso del trabajo. A fin de cuentas, estamos ya en un sistema contributivo de pensiones que casi ha alcanzado carácter de universalidad. Entonces, no estaría mal pagar lo que todos percibimos con recursos de todos y no solo a través del factor trabajo.
Finalmente, cabría apuntar que las reformas actuales no ponen el punto y final a la historia de reformas en el sistema público de pensiones en España. A veinticinco años vista, las incertidumbres sobre la evolución de ingresos y gastos en el sistema no se despejan en su totalidad, aunque ahora sí se acotan algunas de ellas, al menos en lo que a los ingresos necesarios para equilibrio financiero se refiere.
En ese horizonte, habrá, sin embargo, que seguir atentos a la evolución demográfica y económica, que conforman las variables más relevantes del sistema público español de pensiones.
Santos Miguel Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
