Sergio García, gerente de i3e, considera que Meta “se escuda en la protección de menores” para justificar una decisión que, en la práctica, permitirá a la compañía conocer mejor el perfil comercial de sus usuarios.
Meta ha anunciado la desaparición, desde este viernes 8 de mayo, del cifrado de extremo a extremo en los mensajes personales de Instagram, una tecnología que hasta ahora impedía que terceros pudieran acceder al contenido de las conversaciones entre usuarios. Esta medida permitirá a la compañía acceder al contenido de las comunicaciones en determinados supuestos.
Expertos del sector tecnológico advierten de que este movimiento supone “un paso atrás evidente en materia de privacidad y gobernanza de datos”. Para Sergio García, gerente de la tecnológica i3e, “Meta presenta esta decisión como una medida orientada a la protección de menores y la lucha contra contenidos ilícitos, pero el efecto real es que la compañía gana capacidad para conocer mejor el comportamiento, las conversaciones y los intereses de sus usuarios”.
García considera que la eliminación del cifrado no puede entenderse como un simple cambio técnico, sino como una decisión con impacto directo en el modelo de negocio de las grandes plataformas. “Si desaparece la garantía de que solo emisor y receptor pueden acceder a una conversación, también se debilita la confianza del usuario en que sus mensajes privados sigan siendo realmente privados. Y esa información tiene un valor comercial evidente para perfilar mejor la publicidad”, señala.
Desde i3e subrayan que el hecho de que la medida pueda estar amparada por las condiciones de uso no elimina el debate de fondo. “Meta puede argumentar que el usuario ha aceptado sus normas, pero eso no significa que exista una capacidad real de negociación. En la práctica, estamos normalizando que para usar determinados servicios digitales tengamos que ceder cada vez más parcelas de nuestra privacidad”, sostiene García.
El gerente de i3e reclama una reacción más firme por parte de las instituciones europeas. “La protección de los menores es incuestionable, pero no puede utilizarse como excusa para erosionar garantías fundamentales de privacidad. Bruselas debería tomar partido y denunciar públicamente cualquier cambio que debilite los derechos digitales de los ciudadanos bajo el paraguas de la seguridad”, concluye.