"Argentina continúa enfrentándose a barreras estructurales que limitan la detección y aplicación de la ley sobre cohecho internacional. [...] En particular, una de las brechas fundamentales en el sistema de detección sigue siendo la ausencia de un marco jurídico que proteja a los denunciantes", ha destacado el 'think tank' en un informe.
En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha abogado porque Argentina cree "con carácter urgente" un sistema de protección a los denunciantes tanto del sector público como del privado o que se garantice que los casos de cohecho en el extranjero sean objeto de una decisión fiscal para su resolución "sin demoras indebidas".
Además, ha instado a Buenos Aires a que aplique plenamente el Código Procesal Penal Federal en las pocas jurisdicciones federales que aún no lo han hecho y que reduzca "de manera sustancial" el número de vacantes judiciales titulares y suplentes.
La OCDE ha constatado que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) han reforzado sus "capacidades analíticas" y han adoptado "enfoques más proactivos" que promueven la cooperación internacional.
Sin embargo, pese a las mejoras en la persecución de estos delitos, como cuando en 2025 se resolvió dentro de Argentina el primer caso de cohecho en el extranjero contra una persona física, los retrasos aún persisten y plantean "dificultades" en materia de pruebas y plazos de prescripción.
"Son muy pocos los casos que avanzan hasta el enjuiciamiento. Hasta la fecha, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresarial, ocho años después de su adopción", ha añadido la OCDE.
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