La Alianza está constituida por Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).
La ley norteamericana de reducción de la inflación (Inflation Reduction Act, IRA) aprobada en agosto de 2022, comprometerá un gasto de 437.000 millones de dólares en los próximos 10 años en los Estados Unidos, de los cuales, 369.000 se concentrarán en un programa de acción climática a través de créditos fiscales y ayudas directas. La IRA influirá de manera clara en las decisiones de inversión de los principales sectores industriales de alta intensidad poniendo en riesgo tanto las futuras inversiones en Europa como la continuidad de las cadenas de suministro.
Esta iniciativa impacta sin paliativos en las decisiones de inversión de las compañías industriales, especialmente al conjugarse junto a dos factores muy relevantes y ya existentes: un elevado diferencial de precios energéticos y la ausencia de un mercado nacional de derechos de emisión, ya que en EEUU solo existen dos mercados (RGGI, que afecta a 12 estados del Nordeste, y California) en el que los precios del CO2 son entre 3 y 7 veces menores a los actuales en la Unión Europea.
Desde el punto de vista industrial, la ley IRA influirá de manera fundamental en las inversiones de los principales sectores productivos de alta intensidad energética -siderurgia, metal, química, refino, papel, minerales no metálicos- y en el sector de la automoción, poniendo en riesgo no solo las futuras inversiones, sino también la continuidad de las cadenas de suministro, pudiendo generar una dependencia europea sobre materias primas esenciales similar a la que la economía productiva europea ya soporta respecto al gas natural, el petróleo o los minerales críticos.
Ante esta situación, los sectores integrados en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española reclaman una acción decidida por parte de las autoridades europeas, no solo para establecer mecanismos de apoyo a la inversión similares en el conjunto de la Unión Europea, y no solo en algunos países, sino también para el desarrollo de una política industrial propia, basada en el incentivo y no exclusivamente en la regulación o, en ocasiones, la penalización. Esta política industrial se debe traducir en España en una ley de Industria con mecanismos potentes, donde se integren tanto las actividades industriales existentes como las nuevas oportunidades que surjan de los procesos de descarbonización, circularidad o digitalización.
La revisión de la situación industrial de Europa respecto a EEUU y el IRA pasaría también por abordar ágilmente otras reformas, como las que garanticen precios energéticos competitivos -los consumidores europeos no se están beneficiando de los menores costes de generación de las tecnologías renovables-; revisar el funcionamiento del mercado de derechos de emisión para limitar la ingente afluencia de especuladores que distorsionan el precio; impulsar de forma homogénea la captura, almacenamiento y utilización del CO2 como materia prima; apoyar el desarrollo del autoconsumo industrial; garantizar un marco de evolución estable y a largo plazo de tecnologías renovables sustitutivas de los combustibles fósiles (hidrógeno, biometano, gases renovables, ecocombustibles neutros en emisiones); potenciar la explotación de materias primas y minerales críticos y estratégicos para ciertos sectores; promover el liderazgo tecnológico e industrial europeo mediante programas de apoyo a la I+D+i en tecnologías clave para la transición energética y digital y agilizar los procedimientos técnicos y administrativos para la puesta en marcha de plantas industriales.
Respecto a los mecanismos para incentivar la inversión, es esencial garantizar la equidad y homogeneidad en la Unión Europea para evitar la ruptura del mercado único, flexibilizando el marco europeo de ayudas de estado en aspectos clave para la competitividad tecnológica e industrial. Si se permite que cada estado miembro habilite su propio marco de incentivos, únicamente provocaremos que en los países con mayor deuda y menor capacidad presupuestaria, como es el caso de España, se incremente el riesgo de desinversión industrial.
Por último, el nuevo modelo de ayudas europeo debe corregir los defectos experimentados en los Fondos Next Generation, incorporando plazos realistas para la ejecución de inversiones, mejorando la intensidad de los niveles de subvención directa, simplificando los procedimientos de participación y con suficiente dotación tanto europea como nacional para evitar que ninguna inversión productiva o tecnológica quede sin ejecutarse.
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