CEIM rechaza las imposiciones del gobierno nacional en materia de eficiencia energética (apoya a Madrid en recurrir este Real Decreto)

La patronal madrileña lamenta el abuso del Ejecutivo de los Reales Decreto Ley para introducir nuevas obligaciones para las empresas en materia de eficiencias energética. Entiende que se debe generar una mesa de trabajo y que podrían esperar el proceso ordinario de debate y participación.

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Francisco Aranda, portavoz de CEIM

Como lo ha explicado Francisco Aranda, portavoz de CEIM, los empresarios de Madrid consideran que más que lanzar medidas aleatorias que perjudican gravemente la actividad y el empleo, se debería plantear un plan estratégico y se ponen adisposición de las Administraciones para crear una mesa de trabajo conjunto para elaborar un verdadero plan.

Asimismo, por las razones formales de falta de urgencia (exigencia del artículo 86 de la Constitución) y por el ataque injustificado a la libertad de empresa (artículo 38), “apoyaremos la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir este Real Decreto y nos ponemos a disposición de las distintas administraciones regionales y nacionales para crear una mesa de trabajo conjunto para elaborar un verdadero plan estratégico que contenga medidas a corto, a medio y a largo plazo para compatibilizar la necesaria eficiencia energética con la fundamental actividad económica generadora de riqueza y empleo”, resume Aranda.

En concreto, y en relación con las medidas de fomento del ahorro y la eficiencia energética que recoge la normativa, CEIM rechaza tanto la forma como el contenido de las misma por los siguientes motivos:

a) Resulta improcedente recurrir una vez más a un Decreto-ley para introducir nuevas obligaciones para las empresas, que bien podrían esperar el proceso ordinario de debate y participación.

En particular, es patente la constante falta de consideración con los representantes de las empresas, siendo éstas las llamadas a aplicar las medidas y asumir los costes.

b) La norma, además, resulta caótica en su contenido, porque, entre otras cosas, reforma un Decreto-ley de hace tan solo una semana en relación con la cotización de autónomos; y, además, resulta incoherente con la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a la temperatura máxima bajo la que se puede desarrollar la actividad profesional en el ámbito comercial. De hecho, la normativa de aplicación existente impide que los trabajos ligeros, como es el caso del comercio, se desarrollen a más de 25 grados.

c) Más lacerante aún es el contexto en el que se aprueba esta norma: El paulatino descenso de creación de puestos de trabajo y de la cifra de autónomos, como se pudo conocer ayer mismo, exige dejar de introducir lastres a los creadores de empleo.

En concreto, obligar a nuevos sistemas de cierre de puertas, elaborar carteles informativos y adelantar las inspecciones de eficiencia energética, son nuevos costes. Lamentamos que la norma no contemple ningún tipo de estímulo o ayuda para afrontarlos.

d) En lugar de ahogar en la oscuridad los escaparates de las tiendas, con la ausencia de estímulo a la compra de productos, la inseguridad ciudadana que ello conllevará, y el ataque frontal a la libertad de empresa que supone, sería más razonable que el Gobierno diseñara otras medidas tendentes a favorecer la eficiencia energética, el aumento de la generación y la reducción de la dependencia exterior.

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