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El 'ransomware' es un software malicioso con el que los ciberdelincuentes consiguen acceder a los sistemas informáticos de las víctimas para, habitualmente, cifrar los datos y pedir a cambio un rescate o, incluso, robar la información.
En este sentido, uno de los objetivos a los que suelen acudir los actores maliciosos son las organizaciones públicas, como los operadores de infraestructura nacional crítica, los consejos locales, el sector educativo o los hospitales. Lo que se traduce en un grave riesgo operativo y financiero.
De cara a intentar frenar estos ataques, el Gobierno británico ha compartido sus planes para impulsar una nueva ley con la que pretenden prohibir a las organizaciones públicas pagar a los actores maliciosos de 'ransomware' por sus rescates.
Esta medida, tal y como han explicado en un comunicado emitido por el Ministerio del Interior de Reino Unido y el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del país, pretende hacer que los servicios vitales de los que depende el sector público "sea un objetivo menos atractivo para los grupos de 'ransomware".
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