¿Dónde está el límite de la vida privada de los políticos?

Los pensadores clásicos, Hegel en su Estética y Rousseau en su Discurso sobre el origen de la desigualdad, nos dan una respuesta simple: los políticos son creadores de costumbre cívica, alumbran a la ciudadanía, la guían a través de los valores éticos y morales de su comportamiento. En este asunto, en la sociedad moderna, se han unido toda clase de personajes públicos, en especial los deportistas, que deben ser (a mi entender, erróneamente) modelos del buen ciudadano.

Sin embargo, este razonamiento que servía en las sociedades preconstitucionales queda desbordado por las razones coyunturales de las sociedades posmodernas: la competición feroz por los titulares en algunos medios de comunicación –cuanto más escandalosos, mejor–, la personalización de la política en sus líderes más que en el partido y la masiva influencia en nuestras vidas de las redes sociales. Estos fenómenos han ido difuminando, paulatinamente, lo público y lo privado. De modo que, en estos momentos, consideramos la transparencia el valor universal y, por tanto, todo debe ser público.

La cultura política en EE.UU. frente a la de Europa

También hay razones estructurales derivadas de la cultura política de cada país. En general, los anglosajones, EE. UU. a la cabeza, han sido los valedores del modelo según el cual el escrutinio de la vida privada de los políticos es necesario para valorar su acción pública. Mientras que los países europeos, en especial los franceses, siempre han considerado que el comportamiento privado no debía pesar en la esfera de interés de la acción política.

Así, en Norteamérica, el congresista demócrata Anthony Weiner dimitió tras colgar en una red social de contactos fotos suyas semidesnudo. Por otro lado, los franceses se enteraron en el funeral de su presidente François Mitterrand que tenía una segunda familia, secreta y beneficiaria también de fondos públicos, o hicieron presidente a Francois Hollande tras la batalla personal y política con su exmujer Ségolène Royal.

Sin duda, otro componente estructural es la diferencia religiosa entre el puritanismo estadounidense y el catolicismo europeo. Los puritanos (protestantes) aceptan ideas opuestas a su pensamiento, pero no conductas que no entren en su decálogo moral: amantes, uso de drogas o mentiras en sede pública. En Europa, el comportamiento licencioso en los temas amorosos es aceptado, al tiempo que se admite que los políticos puedan no decir toda la verdad en su propia defensa.

Otra razón tiene que ver con la percepción de la opinión publica sobre cuáles son los roles de los políticos. Mientras la derecha parece encarnar un papel de desarrollo y goce, la izquierda es caracterizada como trabajo y sufrimiento. Solo así podemos explicar el asedio político por la “mansión” de Galapagar que compraron en 2018 el entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la entonces portavoz del grupo confederal de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, que en el imaginario colectivo excede los límites de una vivienda de un dirigente de izquierdas, o el diferente tratamiento público entre las fiestas de Boris Johnson y Sanna Marin. Añadiría un matiz más en este caso: es mujer.

Devaneos amorosos y función pública

Pero la pregunta es: ¿esta cooptación del espacio público por la vida privada favorece a la democracia? ¿Qué ventaja nos aporta, al meditar sobre el voto, conocer los devaneos amorosos de un político, sus filiaciones deportivas, su consumo de alcohol o cigarros? Entendiendo, siempre, que ello no influye en el recto desarrollo de su función pública.

El uso de esta información suele mermar el escrutinio sobre su acción de gobierno. Es más, es utilizada por los gabinetes de comunicación como arma de distracción. Así, todo el mundo recuerda que el presidente norteamericano Bill Clinton tuvo un romance con la becaria Monica Lewinsky, pero pocos saben que fue él quien derogó la ley de separación entre banca de inversión y banca de ahorro, lo que nos condujo a la crisis financiera de 2008.

¿Significa que los políticos y las primeras instituciones del país tengan impunidad? No, bajo ningún concepto. Lo sabemos bien en España. Los límites los marcan las leyes. El acoso sexual es una conducta perseguible en todas las esferas sociales y de ello aprendieron mucho los ciudadanos franceses en el caso del director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, acusado de violación y detenido en New York en 2011. Fue su precedente del #MeToo.

En general, en todos aquellos comportamientos no delictivos, la vida privada es relevante si se demuestra su incoherencia con el discurso político. Como aquel diputado británico abiertamente homófobo que resulto ser gay. Su castigo deben ser los resultados electorales.

Ernesto M. Pascual Bueno, Profesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política, UOC - Universitat Oberta de Catalunya

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.