En concreto, esta restricción afecta a las instalaciones y trenes de Metro, autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), interurbanos y urbanos de otros municipios, Metros Ligeros, Tranvía de Parla y los intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América.
Esta medida entró en vigor con carácter transitorio el pasado mes de noviembre, tras explotar el 17 de octubre la batería de uno de estos dispositivos en el interior de un tren del suburbano en la estación de La Elipa, en la Línea 2 de Metro, sin causar daños personales.
"El objetivo es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y también de los trabajadores del transporte público", ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes y Movilidad, Jorge Rodrigo, presidente del CRTM.
De esta forma, la medida se extenderá hasta 2027, "fecha en la que ya se contará con "una legislación ya actualizada y vigente por parte de las diferentes administraciones públicas", ha dicho en referencia a la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP).
El incumplimiento de esta normativa conlleva la inmediata expulsión de los infractores, que además tendrán que hacer frente a multas económicas de entre 100 y 200 euros, según el CRTM.
La determinación de impedir su acceso se revisará en 2027, fecha en la que todos los vehículos de movilidad personal (MVP) estarán obligados a disponer de una certificación de la Dirección General de Tráfico (DGT). Entonces, se volverán a analizar sus características y su posible riesgo para los viajeros.
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