Todos los festivales cobran una tasa para poder recuperar el saldo restante en la pulsera cashless. Y muchos prohíben además llevar comida y bebida, o cobran por salir y entrar al festival, entre otros abusos.
OCU solicita al Ministerio de Consumo una normativa homogénea sobre los derechos básicos de los asistentes a los festivales de música al aire libre y que establezca compensaciones automáticas en caso de malas prácticas.
Información ampliada sobre las denuncias presentadas y sobre la campaña colectiva de OCU contra los abusos en los festivales de música.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de las correspondientes comunidades autónomas las malas prácticas observadas en cinco conocidos festivales de música al aire libre: el FIB (Benicàssim), el Monegros Desert Festival (Fraga), el Puro Latino (Puerto de Santa María, Sevilla, Arganda, Torremolinos y Almería), el Sonórica (Castro Urdiales) y el Zevra Festival (Cullera). Denuncias que vienen a sumarse a las ya presentadas contra otros dos festivales: el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound (Lorca). En su conjunto, los abusos detectados podrían afectar a hasta 947.000 asistentes.
- Los siete festivales coinciden en cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo que quedara en la tarjeta cashless, un medio de pago obligatorio que limita además el derecho de los asistentes a usar el efectivo. Es más, a veces se impone un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución (5 días en el FIB), superado el cual se pierde el dinero y permite un enriquecimiento injusto del promotor.
- El cobro de otra tasa por salir y volver a entrar al festival es otra mala práctica bastante común que no responde a ningún servicio adicional, pues el control de aforo es inherente a la organización del evento. De hecho, según OCU podría considerarse una retención ilegal. Se observa en el FIB, el Fortaleza Sound, el Puro Latino, el Zevra Festival y el Monegros Desert Festival. Y puede tener un coste de hasta 25 euros.
- Otra práctica frecuente es la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que, si bien se contempla en la normativa de varias autonomías, OCU considera que es abusiva, por cuanto la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria. Se ha detectado en el Bilbao BBK Live, el FIB, el Fortaleza Sound y el Monegros Desert Festival.
- También es abusivo el cobro por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, como sucede en el FIB (a 2,5 euros el vaso). O el alquiler de vasos para poder beber agua potable, observado en el Fortaleza Sound. En este sentido, OCU recuerda que debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita; lo contrario puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones.
Por todo ello, OCU urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos para que determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados. Aunque lo ideal sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Y es que hoy por hoy, salvo en el caso de Asturias, la legislación autonómica es permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores de los festivales de música al aire libre.
Mientras tanto, OCU anima a los afectados a solicitar la hoja de reclamaciones; si el establecimiento no dispusiera de ella, debe llamar a la policía local para que se persone. Y recuerda que algunas de estas acciones, como la suspensión de un festival o los cambios de última hora en el cartel de grupos podrían implicar, además del reembolso del dinero, una reclamación por daños y perjuicios derivados de los gastos asociados que hubiera supuesto el traslado del aficionado (por ejemplo, por el transporte y el alojamiento).
Esta información ha sido elaborada por un equipo de economistas, abogados, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.
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