Más de la mitad de las empresas latinoamericanas sufre problemas de impagos de sus clientes

La morosidad sigue siendo un reto importante para las empresas latinoamericanas. En 2024, el 51% de las empresas de la región afirman haber experimentado retrasos en los pagos, según la última edición de la ‘Encuesta de Pagos de las Empresas de LATAM 2024’ de Coface.

Este informe muestra un comportamiento dual en los pagos, pues, por un lado, se ha producido un endurecimiento de las condiciones de crédito -con una caída del plazo medio hasta los 53 días- y, por otro, un aumento significativo de la duración de los retrasos en los pagos, con un alargamiento medio de 16 días. “En un momento de desafíos económicos globales, y con un crecimiento en la región que seguirá siendo débil en 2025, estos resultados hacen temer por la estabilidad financiera de las empresas latinoamericanas”, señalan desde el Departamento de Estudios de Coface.

Por países, Brasil y Colombia son los más afectados, pues más de la mitad de las empresas declararon retrasos, una situación que también se observa en varios sectores clave de la economía latinoamericana, como la construcción, la energía y las tecnologías de la información (TIC).

Condiciones de crédito más restrictivas y endurecimiento general de las condiciones de pago

Las empresas de América Latina han respondido a un entorno económico difícil endureciendo sus condiciones de crédito. En 2024, el 88% de las empresas encuestadas ofrecían condiciones de pago, una cifra ligeramente superior a la de 2023. Sin embargo, el plazo medio de crédito concedido cayó de 60 días en 2023 a 53 días en 2024, una tendencia observada en todos los países encuestados.

México destaca con los plazos de crédito más cortos (46 días de media), mientras que Brasil impone los plazos más largos, con una media de 60 días. El sector maderero impone los plazos de crédito más cortos (36 días), mientras que los sectores químico, farmacéutico y de la construcción ofrecen plazos más generosos, que a menudo superan los 90 días.

Retrasos en los pagos más frecuentes y prolongados

La duración media de los retrasos en los pagos también ha aumentado considerablemente, pasando de 36 días en 2023 a 52 días en 2024. Este aumento es especialmente marcado en Ecuador, Colombia y Perú, donde los retrasos han aumentado más de 20 días en un año. Ecuador, con una media de 64 días, registra los mayores retrasos, mientras que Brasil (33 días) y Argentina (45 días) registran los menores.

El incremento de las demoras refleja las crecientes dificultades a las que se enfrentan las empresas para mantener una liquidez suficiente ante la atonía de la demanda y el aumento de los costes. El fenómeno de los retrasos muy largos -superiores a 150 días-, aunque poco frecuente, también ha crecido, afectando ahora al 6% de las empresas encuestadas, frente a menos del 1% en 2023. Los sectores farmacéutico y textil son los más afectados por estos largos retrasos, con aumentos de 60 y 38 días respectivamente.

Los problemas de solvencia de sus clientes (para el 70% de las empresas) y la debilidad de la demanda (29%) son las principales razones aducidas para estos retrasos.

Las empresas siguen siendo optimistas sobre sus propios resultados en un entorno económico incierto

A pesar de un entorno difícil marcado por unas condiciones crediticias aún restrictivas y mayores retrasos en los pagos, más de la mitad de las empresas encuestadas (54 %) espera que su negocio mejore en 2024 en comparación con 2023. Sin embargo, cuando se les pregunta por los principales riesgos para los próximos 12 meses, las empresas se muestran prudentes: el 46 % de los encuestados teme un descenso de la actividad económica, mientras que el 43 % menciona el aumento de la competencia y el 29 % apunta al impacto de las tensiones geopolíticas mundiales.

A pesar de estas preocupaciones, la mayoría de las empresas (más del 50%) esperan que las condiciones de pago y los plazos de pago se mantengan estables.

Sin Golden Visa, el precio de la vivienda no frena su subida en España

La derogación de la Golden Visa en España no ha logrado contener el encarecimiento de la vivienda ni ha corregido las distorsiones del mercado inmobiliario. Los precios han seguido subiendo tras su eliminación, confirmando que este instrumento tenía un impacto marginal en el mercado residencial. Sin embargo, la medida sí ha generado un nuevo problema: un vacío jurídico y administrativo que dificulta la llegada y regularización de inversores legítimos.

El Euríbor supera la barrera del 3% y encarece la financiación familiar

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