Pero las cosas pueden tener matices. Se juzga de forma diferente al trabajador pobre que roba en una tienda para alimentar a su familia que al ladrón que roba a una anciana para financiar sus caprichos.
En la actual crisis del coste de la vida, por ejemplo, algunos trabajadores de los supermercados británicos hacen la vista gorda ante los robos por parte de clientes que, claramente, tienen dificultades económicas.
Por otra parte, el inspector jefe de policía del Reino Unido ha mostrado su apoyo a los agentes que toman en cuenta las circunstancias personales antes de acusar a los que roban para poder comer.
Pero, si permitimos estas excepciones a las normas morales, la pregunta es: ¿hay algo que pueda hacer que sea correcto, o excusable, robar a una gran empresa?
Desde luego, no justifico ningún tipo de robo. Pero la pregunta es un profundo e intenso ejercicio de pensamiento para los filósofos. La percepción que tiene la sociedad acerca de las empresas, especialmente de las grandes corporaciones e industrias, ha evolucionado en los últimos años. Ahora, por ejemplo, los consumidores exigen a las empresas un alto nivel ético y esperan que acepten su responsabilidad en el cambio climático y respondan por sus comportamientos poco éticos.
Entonces, tal vez esté bien robar a una empresa si esa empresa ya nos está robando a nosotros. Pero, más allá de la estafa directa a los clientes, la idea de que una empresa nos robe es complicada.
Romper el contrato social
Una de las formas en que una gran empresa puede robar a la sociedad es incumpliendo las condiciones de su contrato social. El contrato social, una idea desarrollada por filósofos como Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, se refiere al acuerdo tácito por el que los individuos y las organizaciones renuncian a algunas libertades para beneficiarse de las mayores recompensas que brinda el orden social. Por ejemplo, yo acepto tácitamente no pegar a los demás para vivir en una sociedad en la que los demás no pueden pegarme.
El contrato social se entiende más a menudo en términos de la relación entre los individuos y el Estado. Sin embargo, los beneficios para las empresas de los bienes sociales y de una nación que funcione bien (incluyendo el transporte, la educación y la protección legal) son evidentes.
Durante la pandemia (y antes, durante la crisis financiera), el Estado intervino para salvar a las organizaciones del sector privado a través de fondos de apoyo, préstamos y otros planes. A cambio de este apoyo, parecería que el contrato social debería exigir a estas organizaciones privadas que creen valor social y hagan una contribución positiva a la sociedad.
Normas frente a escándalos
En los últimos años, los escándalos que han sacudido al sector privado son la prueba de que el contrato social no siempre se cumple. Son ejemplos de ello la crisis financiera de 2008, las emisiones de los coches, la crisis de los opioides, la venta de datos de usuarios y los delitos medioambientales.
Las consecuencias de la crisis financiera de 2008 pusieron de manifiesto el creciente desequilibrio entre lo que la sociedad aportaba a las empresas y lo que las empresas aportaban a la sociedad. El reconocimiento de esta disparidad se tradujo en la aparición de Occupy, un movimiento internacional de protesta contra la desigualdad. Los ciudadanos de a pie exigían a las empresas que asumieran que su deuda con la sociedad no se salda solo con el suministro de bienes, servicios y puestos de trabajo.
Tras Occupy, los clientes han entendido lo poderosas que pueden ser sus decisiones de compra para impulsar a las empresas a mejorar. Tesla fue la primera empresa automovilística en alcanzar una valoración de mercado de más de 1 billón de dólares. Este crecimiento ha forzado a otras empresas a acelerar el desarrollo de sus coches eléctricos.
Las empresas parecen estar respondiendo a la demanda de hacer las cosas de otra forma. El movimiento B Corp ha desarrollado un programa de certificación de impacto social y ambiental que pretende hacer de las empresas “una fuerza para el bien” (declaración de interdependencia de B Corp). B Corp surgió en 2006 y ya cuenta con más de 5 000 empresas registradas, en las que trabajan más de 400 000 personas.
Si empresas como Unilever, Hermes Investment y NatWest están intentando demostrar que se guían por un propósito social, también los reguladores han empezado a exigir a las empresas un comportamiento ético. Por ejemplo, las pruebas de resistencia que aplica el Banco de Inglaterra a las entidades que operan en Reino Unido ahora requieren que los bancos muestren cómo mitigan los riesgos relacionados con el cambio climático.
Sin embargo, si los consumidores y los gobiernos no ejercen una presión continua sobre las corporaciones, se corre el riesgo de que estas medidas se conviertan en un mero lavado de cara ético. Por ejemplo, a pesar de su certificación como B Corp, la cervecera escocesa BrewDog ha sido acusada de tener una cultura del miedo. En 2021 el banco NatWest fue declarado culpable de no haber impedido el blanqueo de dinero, un fracaso que, según las autoridades financieras, “defraudó a toda la comunidad”.
Excepciones a las normas éticas
En mi investigación, he argumentado que debemos hacer más para que se reconozca que las empresas solo pueden operar al amparo de una licencia social tácita, otorgada bajo la premisa de que la compañía será beneficiosa para la sociedad en general y que, las que no cumplan este requisito, corran el riesgo de que se les revoque.
Intuitivamente (y en contra de Kant), las normas éticas tienen excepciones: se puede mentir al asesino que te pregunta por la ubicación de su objetivo.
Si entendemos que las empresas tienen una deuda tácita con las sociedades a las que sirven, los filósofos podrían argumentar que no siempre es inmoral robar a una corporación que rompe el contrato social. Especialmente si esa compañía rompe ese contrato cuando roba a la sociedad su futuro al no tomar medidas para mitigar el cambio climático o al socavar el tejido social.
Sin embargo, un enfoque mejor sería trabajar juntos para aclarar lo que las empresas deben hacer para cumplir con las obligaciones de su licencia social. En lugar de robar a las empresas, deberíamos utilizar nuestros poderes como consumidores, trabajadores, accionistas y ciudadanos para empujar a las organizaciones del sector privado a comportarse de forma más ética.
Emma Borg, Director of the Reading Centre for Cognition Research & Professor of Philosophy, University of Reading
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
