Esta concesionaria, Ausol, cuyo mayor accionistas es Abertis --con el 31,59% del capital--, ha comunicado al mercado que este miércoles 1 de marzo recibió esta notificación, que está en trámite en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°6.
Se trata de una demanda de lesividad promovida por la Dirección Nacional de Vialidad, organismo vinculado al Ministerio de Transporte del país que busca declarar nulo el llamado 'Acuerdo Integral de Renegociación Contractual'.
La compañía firmó este acuerdo en 2018 con el anterior Gobierno de Mauricio Macri, que concedió una extensión a esta y a la otra concesión que Abertis tiene en Argentina hasta el año 2030. Sin embargo, el actual Ejecutivo de Alberto Fernández decidió revisar estas concesiones con una auditoría, que reveló "objeciones en relación a la legitimidad" de esa renovación.
Con esta notificación, la empresa tiene ahora un plazo de 15 días hábiles para contestar a la demanda, pero ya ha insistido que el acuerdo "es plenamente legítimo y fue aprobado por las máximas autoridades del Estado Nacional de conformidad con la normativa aplicable".
"Ausol continuará realizando todas las presentaciones necesarias para la defensa de sus derechos y los de sus accionistas, y mantendrá informado al mercado de cualquier nuevo hecho relevante sobre esta cuestión", ha señalado la empresa.
Origen de las disputas
En octubre del año pasado, las dos concesionarias controladas por Abertis iniciaron un procedimiento ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en respuesta a la demanda presentada por el Gobierno de ese país para revisar los contratos de estas dos concesiones.
El Estado defiende que los acuerdos firmados en 2018 le obligaron al Estado a afrontar "una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios".
En concreto, los acuerdos comprometían al Estado al pago de una deuda bruta de 813 millones de dólares (816 millones de euros) e incrementaban en 20 veces las tarifas de peaje. El Gobierno también defiende en su denuncia que las obras ejecutadas en la vía se financian con un fondo público y no con los peajes, que asegura que son casi en su totalidad para su propio beneficio.
El Gobierno también pidió a la Justicia que se dictase con carácter urgente una medida cautelar con el objetivo de que el Estado se hiciese cargo de la gestión de estas dos autopistas, pretensión que, en el marco del arbitraje, fue suspendida inmediatamente de forma cautelar.
La primera de las carreteras es Acceso Norte (Ausol), tiene una longitud total de 120 kilómetros y está controlada en un 31,59% por Abertis (participada, a su vez, por ACS y la italiana Atlantia). Su concesión acabó el pasado 31 de diciembre de 2020.
Por su parte, el Acceso Oeste (GCO) comprende una longitud total de alrededor de 55 kilómetros y su concesión finalizó el 31 de diciembre de 2018. La concesionaria está controlada en un 42,87% por Acesa, compañía del grupo Abertis.