Dicho proceso se realizará mediante la venta del 100% de las acciones de la compañía en un procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional.
Además, se ha acordado rescindir el contrato de concesión vigente celebrado entre el Estado e Intercargo para la explotación con carácter exclusivo del servicio único de atención en tierra a aeronaves, previo al perfeccionamiento de la venta de las acciones referida.
El ministerio de Economía deberá adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización no afecte la continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa, asegurando la conectividad nacional e internacional.
Asimismo, será el órgano encargado de dictar las normas operativas y complementarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en esta privatización, con la intervención de la Agencia de Transformación de empresas públicas.
El Gobierno ha tomado esta medida en línea con su política de desregularización del Estado y privatización de determinadas empresas públicas, con el fin de contribuir directamente a la modernización del transporte y depósito de bienes y mercaderías en los aeropuertos.
El objetivo es la mejora de los precios, la calidad del servicio, en beneficio de los usuarios y pasajeros, y la consolidación del sector aerocomercial "como un pilar fundamental para impulsar el crecimiento económico" de Argentina.
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