La nueva norma define cómo aplicar la cláusula bilateral incluida tanto en el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur como en el acuerdo interino entre ambas partes, y pretende reforzar la protección del sector primario europeo al permitir a la UE actuar con mayor rapidez ante perturbaciones del mercado o subidas bruscas de las importaciones.
El texto se apoya en los mecanismos de salvaguarda ya existentes en la Unión, aunque introduce procedimientos más ágiles y simplifica los umbrales necesarios para abrir expedientes cuando se detecten riesgos para determinados productos considerados sensibles.
En concreto, fija un umbral del 5% de incremento medio durante tres años para iniciar una investigación, que deberá completarse en un plazo máximo de cuatro meses, mientras que en situaciones urgentes podrán adoptarse medidas provisionales en apenas 21 días.
Además, la Comisión realizará un seguimiento continuo de las compras exteriores de productos agrícolas sensibles y publicará informes periódicos para evaluar la evolución del mercado y detectar posibles desequilibrios.
El reglamento se publicará ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor veinte días después, aplicándose inicialmente al acuerdo comercial interino entre la UE y Mercosur y manteniéndose también cuando el Acuerdo de Asociación entre ambas partes sea plenamente ratificado.
Los acuerdos entre la UE y los países del Mercosur --Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-- fueron firmados el 17 de enero de este año en Asunción (Paraguay), aunque antes de su entrada en vigor deberán recibir todavía la aprobación del Parlamento Europeo.
PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES EN LA CADENA AGROALIMENTARIA
En paralelo, el Consejo ha adoptado también este jueves un reglamento para reforzar la lucha contra las prácticas comerciales desleales transfronterizas en la cadena agroalimentaria, con el objetivo de mejorar la cooperación entre autoridades nacionales cuando proveedores y compradores están establecidos en distintos Estados miembro.
La normativa permitirá intercambiar información y colaborar en investigaciones, además de facilitar la ejecución de sanciones impuestas en otro país de la UE y coordinar actuaciones cuando los casos afecten a varios Estados. El texto introduce también mecanismos de asistencia mutua entre autoridades y prevé una respuesta coordinada en situaciones que impliquen a varios países del bloque.
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