El lema elegido por el gobierno es claro: "Delito de adulto, pena de adulto". Según Cúneo Libarona, la idea es que si los menores pueden tomar decisiones como adultos, también deben asumir las consecuencias.
Esta medida forma parte de las reformas de seguridad que Milei impulsó en su campaña, junto con la construcción de cárceles con fondos privados y la eliminación de normas que limitan las penas. En los últimos meses, el gobierno debatió si la edad mínima debía ser 14 o 13 años, inclinándose finalmente por la más baja.
El proyecto también permite investigar a niños menores de 13 años y prevé la posibilidad de internarlos si se considera que podrían reincidir. Además, establece que quienes accedan a la libertad condicional deberán buscar trabajo, lo que resulta llamativo tratándose de menores.
Especialistas en derechos humanos y niñez criticaron duramente la iniciativa, asegurando que contradice la Convención de los Derechos del Niño y que criminaliza a los sectores más vulnerables. Además, desmienten que haya un aumento significativo de la delincuencia juvenil, como afirma el gobierno.
Con este proyecto, Milei refuerza su discurso de orden y castigo, apostando a una política penal más rígida que genera un fuerte debate en la sociedad. Ahora, la discusión pasará al Congreso, donde se definirá si esta propuesta se convierte en ley.
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