El nuevo marco, publicado en la página web de la Presidencia de la República tras obtener el 'visto bueno' de la Asamblea General, ha establecido los derechos de sobrevuelo, escalas no comerciales y derechos de tráfico internacional de pasajeros, correo y carga para las compañías aéreas designadas por los dos estados.
En el cuadro de rutas, el texto contempla servicios con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad entre puntos en España y Uruguay, así como derechos de quinta libertad para escalas intermedias y conexiones posteriores en Río de Janeiro y São Paulo (Brasil); Buenos Aires y Puerto Iguazú (Argentina); Asunción (Paraguay); y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), además de destinos europeos y de terceros países.
Asimismo, se han regulado las operaciones comerciales de código compartido y los acuerdos de cooperación interempresarial, siempre sujetos a los permisos de las autoridades aeronáuticas nacionales con un mínimo de 30 de antelación al inicio de los vuelos.
La ley ha fijado, igualmente, las condiciones de seguridad dentro de los estándares del Convenio de Aviación Civil Internacional, las garantías de exención aduanera recíproca para equipos habituales, suministros a bordo y la aplicación del pacto bilateral de 2009 para evitar la doble imposición tributaria.
El tratado entrará en vigor un mes después de que ambas partes intercambien la última notificación diplomática de cumplimiento de sus requisitos constitucionales, procediendo después a su inscripción en el registro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
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