El Fiscal acusa a los responsables de la granja, los hermanos Carrasco, por un delito continuado de maltrato animal y pide para ellos 18 meses de prisión y la prohibición de tenencia de animales por un periodo de 4 años. Por su parte, la Fundación Igualdad Animal, como acusación popular, les acusa por 14 delitos de maltrato animal y reclama para ellos una pena de 3 años de prisión, el máximo previsto por la ley, y 12 años de prohibición para la tenencia de animales.
La Fundación Igualdad Animal solicita 1 año de prisión por cada delito de maltrato animal. Sin embargo y pese a que se cometieron al menos 14 delitos que se hayan podido documentar, el Código Penal establece el máximo de cumplimiento en el triple de la pena mayor, por lo que el máximo de cumplimiento es de 3 años.
Las pruebas
Tras la emisión del programa, en febrero de 2018, Igualdad Animal interpuso una denuncia pero, a pesar de todas las evidencias presentadas, el Juzgado de Primera Instancia archivó el caso. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Murcia estimó el recurso presentado por la Fundación Igualdad Animal, decidiendo finalmente que los responsables de la granja serían juzgados por maltrato animal.
En el juicio que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de enero van a valorarse como pruebas documentales las grabaciones emitidas en el programa Salvados que revelan las atroces condiciones a las que se encontraban sometidos los cerdos, así como los testimonios de parte del equipo de televisión que participó y de Javier Moreno, miembro de Igualdad Animal que estuvo presente en la granja durante la grabación de las imágenes.
Como parte de la prueba testifical participarán también inspectores veterinarios y técnicos de la Consejería de Ganadería que inspeccionaron la granja tras la emisión del programa.
Están llamados también a declarar peritos veterinarios que, analizando las imágenes, han emitido dictámenes sobre el estado de los animales y el sufrimiento innecesario que padecieron antes de ser sacrificados: «Los animales que aparecen en dichas imágenes presentan lesiones compatibles con una situación de maltrato por omisión o negligente donde no se han tomado las medidas necesarias en el momento adecuado encaminadas a evitar su sufrimiento continuo, siendo abandonados a su suerte hasta que mueren, siendo objeto de prácticas de canibalismo por parte de sus congéneres de corral».
Canibalismo, cerdos muy enfermos, deformes...
Como muestran las pruebas documentales, gran parte de estos animales, destinados a consumo humano, padecían hernias y tumores tan grandes que muchos no podían ni moverse, deformidades y abscesos, sin recibir ningún tipo de atención veterinaria.
Las grabaciones muestran también la existencia de numerosos cadáveres de cerdos pudriéndose entre los cerdos vivos, documentando escenas de canibalismo entre los animales.
"He entrado en muchas granjas y nunca había visto algo así", reconocía el propio Jordi Évole, conductor de Salvados, tras la emisión del programa.
"La granja que investigamos junto a Jordi Évole y su equipo de Salvados ha sido una de las peores que he visto en mi vida. La industria cárnica trata a los animales como mercancía, y a pesar de que esta es una de las peores granjas que hemos documentado, no podemos olvidar que el hacinamiento, y las condiciones en las que se mantiene a los animales en las granjas intensivas, son de por sí deplorables, y es urgente que cuestionemos todo el sistema de cría de animales", manifiesta Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal.
En los momentos en los que se realizó la grabación, la granja Hermanos Carrasco suministraba sus cerdos a El Pozo que se negó a participar en el programa. Tras la emisión de las imágenes, cuando salió a la luz el escándalo, no reconoció ninguna responsabilidad, acusando a Salvados y a Igualdad Animal de mentir.
La relación entre El Pozo y la granja Hermanos Carrasco
Las imágenes de animales enfermos y deformes emitidas tuvieron repercusión internacional y varios supermercados belgas retiraron los productos de El Pozo de sus estanterías. Fue entonces cuando temiendo la misma reacción en otros países, El Pozo emitió un comunicado en el que informaba que había roto relaciones con la granja investigada. Reconociendo así el vínculo que había negado desde el principio de la crisis.
Por su parte, en sus declaraciones en la fase de instrucción, los acusados negaron tener o haber tenido cualquier tipo de relación comercial con El Pozo, asumiendo que eran los únicos titulares de la explotación ganadera y los únicos posibles responsables de lo que ocurriera en su interior. Algo que resulta llamativo, pues El Pozo reconoció públicamente esa relación cuando emitió el comunicado cesando la relación comercial con la granja.
Este reportaje, que conmocionó a la sociedad española, supuso un punto de inflexión para llevar a la agenda pública y mediática el maltrato animal que se produce en las granjas industriales. Un debate que desde entonces ha seguido creciendo.
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