Impulsada por Igualdad Animal México, la propuesta busca acabar con la fragmentación legal existente y fijar estándares comunes de bienestar para todos los animales, incluidos los explotados por la industria ganadera.
La iniciativa, actualmente en trámite parlamentario, refuerza la responsabilidad del Estado y el derecho de la ciudadanía a denunciar el maltrato animal, situando a México en el centro del debate internacional sobre protección animal.
El Congreso de México ha dado un paso decisivo hacia el reconocimiento legal de los animales al presentar una iniciativa para crear la primera Ley General de Bienestar, Protección y Cuidado Animal del país.
La propuesta, impulsada por Igualdad Animal México, busca establecer un marco jurídico común que garantice estándares mínimos de protección para todos los animales en el territorio mexicano.
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (Movimiento Ciudadano) y plantea un cambio profundo en la forma en que el Estado mexicano aborda la relación con los animales, al reconocerlos explícitamente como seres sintientes, conscientes y sujetos de protección legal.
De aprobarse, esta ley pondría fin a la fragmentación normativa existente y permitiría avanzar hacia un sistema coordinado de protección animal, con responsabilidades claramente definidas para el Estado federal, los gobiernos regionales y las autoridades locales.
«El maltrato animal se ha convertido en un problema estructural que exige una respuesta legislativa integral. Esta ley es una deuda histórica con los animales y con la sociedad», señaló la diputada Laura Ballesteros durante la presentación de la iniciativa.
Un marco legal con alcance nacional
La propuesta contempla la protección de todos los animales que se encuentren de forma permanente o temporal en México, incluyendo animales de compañía, animales utilizados para el trabajo, animales empleados en investigación y animales explotados para el consumo humano, un ámbito especialmente vinculado a la industria ganadera.
Uno de los elementos más innovadores del texto es la introducción del denominado “principio pro animal”, que establece que, ante cualquier duda en la interpretación de la norma, las autoridades deberán aplicar el criterio más favorable al bienestar del animal.
Además, la ley tendría carácter de orden público e interés social, lo que impediría que su aplicación dependa de cambios políticos, modas o decisiones discrecionales.
Reparto de competencias y participación ciudadana
La iniciativa define un reparto claro de competencias entre los distintos niveles de gobierno para mejorar la aplicación y vigilancia de las políticas de bienestar animal.
Asimismo, prevé la creación de Consejos Estatales de Bienestar Animal, integrados por administraciones públicas, academia y organizaciones de la sociedad civil.
El texto también refuerza la participación ciudadana al reconocer el derecho de cualquier persona a denunciar actos u omisiones que supongan maltrato o sufrimiento animal.
Desde Igualdad Animal México, su directora Dulce Ramírez destacó que la propuesta es el resultado de años de trabajo colectivo y recordó que en 2024 se logró incluir a los animales en la Constitución mexicana, un hito que dio base jurídica a esta nueva iniciativa legislativa.
«Esta ley reconoce algo fundamental: que los animales sienten y que su protección no puede quedar sujeta a voluntades políticas cambiantes», afirmó Ramírez.
Un avance con impacto internacional
Organizaciones de protección animal en distintos países, incluida España, siguen con atención el desarrollo de esta iniciativa, que podría convertir a México en uno de los referentes legislativos en materia de bienestar animal en América Latina.
Igualdad Animal, organización internacional presente en España, considera que este tipo de avances legislativos demuestran el impacto de la movilización social y del trabajo sostenido de la sociedad civil para lograr cambios estructurales en favor de los animales.
La iniciativa se encuentra actualmente en fase de análisis en comisiones parlamentarias. En caso de avanzar, deberá ser debatida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado.
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