Declarando ha obtenido estos cálculos tomando en consideración que el sector autónomo contribuyó en 2023 con un 15% al PIB, lo que representa 224.748 millones de euros y que el plazo medio de cobro de facturas se sitúa en los 90 días, lo que genera tensiones de tesorería en los trabajadores autónomos que, en algunos casos, son paliados mediante la contratación de líneas de financiación del circulante con los bancos.
“La implementación de la factura electrónica obligatoria para los autónomos y las empresas contribuirá a mejorar la liquidez de los negocios de los trabajadores por cuenta propia, gracias al mayor control de la morosidad que traerá consigo el nuevo sistema”, declara Marta Zaragozá, CEO de Declarando, quien detalla que “la nueva legislación obligará a los autónomos (y a sus clientes) a informar sobre los estados de sus facturas y sobre el momento en el que se realiza el pago, que será obligatorio realizarlo en un plazo máximo de 60 días a contar desde la prestación del servicio o la
entrega del producto”.
Es importante recordar que, de media, los autónomos, cuya aportación al PIB nacional ronda el 15%, tardan algo menos 90 días en cobrar sus facturas, por lo que el nuevo sistema de facturación reducirá la demora del pago en un mínimo de 30 días con respecto a lo que viene siendo habitual.
Además, la implementación de la facturación electrónica obligatoria impondrá un mayor control en la relación entre autónomos y empresas, ya que todo el proceso estará controlado por Hacienda: “El hecho de que la nueva regulación implique más control por parte de Hacienda no va a resultar esta vez negativo para ellos. Más bien al contrario: la nueva ley pretende facilitar la digitalización de las relaciones empresariales, reducir los costes de transacción y facilitar la transparencia y que se cumplan los plazos en el tráfico mercantil”, aclara Marta Zaragozá.