"Desde Asufin llevamos años denunciando el abuso que hacen las entidades bancarias de los tribunales para dilatar los procesos y, con ello, retrasar los pagos a los clientes por mala praxis. Recordemos que los tribunales se pagan con nuestros impuestos, los juzgados especializados de 'revolving' y cláusulas abusivas constituyen un rescate encubierto a la banca y las entidades de crédito", afirma la presidenta de la asociación, Patricia Suárez.
Según el escrito del juzgado, que remite la asociación, hasta mediados de febrero se habían dictado 3.399 sentencias, de las cuales el 95% han sido estimatorias para el cliente, con "condenas judiciales sistemáticas a determinadas entidades financieras por infracción de la Ley de Represión de la Usura y normativa de protección de los consumidores por falta de transparencia de diferentes cláusulas concertadas en créditos al consumo o tarjetas de modalidad 'revolving'".
Con esta carta quiere poner en conocimiento de Consumo y el Banco de España esta circunstancia siguiendo el principio de eficacia y efecto disuasorio de prácticas abusivas y "por si de la misma pudiera derivarse algún tipo de infracción administrativa".
En tal caso, el juzgado se muestra favorable a facilitar un listado de entidades, procedimientos y fallos judiciales sobre esta cuestión.
Asufin pone de relieve la "valiente iniciativa" del juzgado 104, frente a la situación del juzgado especializado en 'cláusulas suelo' que "no solo no protestan, sino que cargan contra el consumidor reduciendo las costas que tienen que abonar las entidades bancarias". "Esto supone un grave efecto disuasorio para que el consumidor defienda sus derechos en los tribunales", apostillan.
La asociación espera que tanto la Dirección General de Consumo como el Banco de España tomen "buena nota" del escrito remitido por el juzgado y "reaccionen ya" ante el comportamiento "inadmisible" de las entidades.
Por último, ha aprovechado para reclamar la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, puesto que "podría suponer una respuesta a este limbo de cumplimiento de derechos del consumidor" existente, con entidades que "se niegan a resolver las cuestiones en el ámbito extrajudicial" y un sistema "totalmente atascado que cuesta millones a los consumidores a las arcas públicas".