Abel Marín, abogado y socio de Marín & Mateo Abogados, opina que esta propuesta “rebasa cuestiones fundamentales como el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda”.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado una propuesta de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), un tributo estatal que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo, ya sea por herencias, legados o donaciones. La gestión del ISD y ciertos aspectos normativos son desde hace décadas impuestos cedidos a las comunidades autónomas, lo que según indica el abogado Abel Marín, socio de Marín & Mateo Abogados, “ha generado diferencias significativas en su aplicación según la región, como es lógico en nuestro Estado tan descentralizado, el Estado Autonómico”.
El letrado, autor del libro Protege tu Herencia, y experto en temáticas de sucesiones y donaciones, alerta sobre el hecho de que “esta propuesta rebasa cuestiones fundamentales como el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda”.
A pesar de ser un impuesto que no es relevante en términos de recaudación neta, el ISD tiene una “gran carga ideológica”, y se observa que las comunidades gobernadas por fuerzas políticas "progresistas" como Asturias o Catalunya tienden a imponer tasas más altas, mientras que las dirigidas por fuerzas "conservadoras" como Madrid, Valencia y Andalucía aplican bonificaciones prácticamente en la totalidad del mismo.
En este contexto, el presidente español ha propuesto una reforma para armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todo el territorio nacional. “Esta iniciativa busca establecer un tipo mínimo común para todas las comunidades autónomas, evitando así las disparidades actuales en la tributación de herencias y donaciones”, nos explica el socio de Marín & Mateo Abogados, a la vez que se pregunta “¿dónde está el truco?”.
Esta medida se enmarca en un debate más amplio sobre la financiación autonómica y la necesidad de revisar el actual sistema para asegurar una distribución más justa de los recursos públicos. Así, la propuesta busca recentralizar parcialmente este impuesto para generar una mayor equidad fiscal entre los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia. “Es a todas luces una nueva subida de impuestos, en esta caso el impuesto por morirte, pues se intenta evitar la bonificaciones de la CCAA que lo rebajan”, subraya Marín.
Modificar la gestión de impuestos requiere una reforma de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), mediante un proceso legislativo complejo que necesita consenso político. Sin embargo, Marin reconoce que “la propuesta, a modo de “globo sonda”, ha generado un intenso debate político y social, sobre todo porque ha rebasado un par de derechos fundamentales que artificiosamente se pretenden confrontar: el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda.”
El letrado pone de manifiesto los argumentos de quienes están a favor de la reforma que “apuntan como una injusticia, y causa del problema de la vivienda a que unos ciudadanos hereden casas y otros no”, y de sus detractores que consideran que “se desplaza el foco del problema en busca de un enemigo al que culpabilizar”. El letrado añade: “El problema de la vivienda es que falta vivienda, se soluciona construyendo más, no confiscando la existente mediante subida de impuestos”.
Es importante resaltar que esta propuesta se encuentra en fase de estudio y debate, por lo que aún no se ha implementado ninguna modificación en el sistema vigente. Sin embargo, la cuestión permanece abierta y el futuro es incierto, lo que lleva a Marín a concluir que “cada día somos más pobres y menos libres”.
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