El proyecto, presentado por el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y que se incardina en el borrador de Presupuestos para 2025, prevé que los jóvenes que no superen los 35 años estén sometidos a una tributación reducida en el IRS, equivalente al IRPF español.
Los beneficiarios estarían exentos del pago de este impuesto durante su primer año de incorporación al mercado laboral siempre que sus ingresos estén por debajo de los 28.000 euros. Después, tendrían que pagar el 25% del tributo entre el segundo y cuarto año, el 50% entre el quinto y séptimo, y el 25% en el último tramo del octavo al décimo ejercicio.
Esta reforma sería similar al IRS Joven del anterior Ejecutivo socialista de António Costa, pero sería más ambiciosa ya que antes solo se ofrecía esta dispensa a los graduados universitarios de 18 a 26 años y tenía una vigencia limitada a cinco años.
Con la propuesta actual, la edad máxima se ampliaría hasta los 34 años, la duración pasaría de un lustro a una década y se eliminaría el requisito de escolarización obligatoria. Se estima que el coste total para la Hacienda portuguesa ascenderá a los 650 millones de euros anuales.
El ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, ha situado el número de personas que podrían acogerse a la medida entre los 350.000 y los 400.000, al tiempo que ha defendido la misma como una "herramienta clave" para retener y atraer el talento joven. Así, podrán acogerse al plan personas que no tengan la nacionalidad lusa.
Tan solo de 2008 a 2023, abandonaron Portugal 361.000 personas de entre 15 y 35 años, según los datos de su Instituto Nacional de Estadística (INE). La nación vecina tiene una población de unos 10,6 millones de habitantes.